Los trabajadores y el pueblo enfrentan los ataques del gobierno y la situación se pone cada vez más dura. O gana Macri, y nuestras conquistas y derechos sufren una derrota gravísima, o ganamos nosotros, Macri es derrotado y renuncia. No hay medias tintas.
Sin lucha nada se logra
Ningún avance contra la opresión fue logrado jamás sin lucha. Y para triunfar, se la enfrentó en todos los terrenos: económico, político, social, jurídico y militar. Así fue en la Revolución Francesa contra la monarquía y en Estados Unidos en la Guerra de Secesión que logró el fin de la esclavitud. Nuestra libertad e independencia fueron conseguidas con duro combate en todos los terrenos. San Martín, Belgrano y todos nuestros héroes, supieron enfrentar a los colonizadores con todas las herramientas que fueron necesarias.
Lo mismo los avances de la clase obrera. Las 8 horas fueron producto de luchas contra la ley y la violencia del estado capitalista. Igual la revolución Rusa, que cumplió 100 años. Las páginas más gloriosas de los trabajadores fueron resultado de enfrentamientos durísimos contra la represión y las leyes establecidas. En la Semana Trágica, el 17 de octubre de 1945, el Cordobazo, la lucha contra la dictadura y el 2001, la clase obrera y el pueblo enfrentaron la injusticia con lo que tuvieron a su alcance.
Siempre las monarquías, dictaduras, o regímenes “democráticos”, acusaron a los que luchaban de “violentos”, levantando el “derecho, la ley y la espada”. Para derrotarlos, fue necesario enfrentarlos con nuestro orden y organización, con nuestra “justicia” y con nuestra “espada”.
Macri se reclama orgulloso representante de la tradición reaccionaria. Los que estuvimos en Congreso el 14 y el 18 nos reclamamos orgullosos continuadores de todas las luchas progresivas de la historia.
Este es un debate con los que critican la lucha del 18D. Lucha que fue apoyada por millones de trabajadores que no estaban allí, peronistas o kirchneristas, por los cacerolazos de la noche, y por ese 15 al 20% que las encuestas indican que antes apoyaban al gobierno y dejaron de hacerlo.
Es también un debate contra los que dicen enfrentar al gobierno, pero dentro de los límites del régimen político. Es decir, que nada se puede hacer hasta el 2019, cuando tendremos oportunidad de votar a otros: la mayoría de los dirigentes sindicales y políticos de los distintos peronismos.
Algunas conclusiones del 18D
Sin embargo, hay otro debate. Ese día estuvimos en la batalla, más adelante o más atrás, miles de trabajadores, algunas columnas sindicales organizadas, y los diferentes partidos de izquierda. Entre nosotros, es importante sacar conclusiones.
Por ejemplo, es un hecho que la justicia y las fuerzas de seguridad afinan sus instrumentos. Ahora logran identificar con medios computarizados por rasgos fisonómicos a los presentes en la movilización, así fue el caso de Sebastián Romero, César Arakaki y Dimas Ponce. En medio de una brutal represión como la del 18D, que duró varias horas, lamentablemente, no cumplimos con ese recaudo de cubrirse, no solo de los gases, sino de las cámaras de la represión.
Cuando la justicia nos procura
Si un compañero es apresado en la acción, es necesaria una gran campaña unitaria por la libertad.
Pero ¿qué hacemos cuando la justicia ordena la detención de compañeros que no fueron apresados? En este sentido, la posición del Partido Obrero y la nuestra son absolutamente distintas.
Ante el pedido de captura de Arakaki y Ponce, el PO tuvo la política de que se presenten al primer llamado. Ante la misma situación Romero hizo lo opuesto.
En nuestra opinión, quienes se reclaman revolucionarios deben resistir la orden de prisión, en la medida de sus posibilidades, hasta las últimas instancias. Estamos con la Gremial de Abogados cuando afirma: “(…)Nuestros antecesores de los sesenta y los setenta, mantenían un criterio de hierro: jamás se entregaba un compañero, un requerido, o un reclamado a la justicia o Poder Judicial, para que quedara detenido(…)”, además “(…)Si el compañero es presentado voluntariamente o es detenido mientras está rebelde, no cambia las cosas, porque en todo caso quedará en cana, no se agravará su situación(…)”. No debemos proponer que se entreguen, y menos aún “de primera”. Claro que en este caso la opinión del compañero involucrado es decisiva. Pero lo que debatimos es la posición político-jurídica.
¿Por qué actuamos así? La Justicia patronal no merece ninguna confianza, al igual que el sistema carcelario. Un compañero preso es rehén del Estado. En condiciones agudas de la lucha de clases, un compañero en prisión no tiene ninguna garantía. Así lo demuestran las brutales palizas que sufrió Rossano, uno de los detenidos del 14D, ahora liberado. Para que sea asesinado o herido no se necesita que un agente lo haga. Basta un arreglo oculto con los elementos más desclasados que están presos. Por eso siempre, en la medida de lo posible, debemos impedir que nuestros compañeros caigan en prisión.
Puede ocurrir en circunstancias excepcionales, que se acepte la presentación. Por ejemplo, en el caso de que el compañero en cuestión no soporte la situación, un caso de debilidad. Un partido obrero, luego de intentar convencerlo de lo contrario, puede apoyarlo. Pero la obligación de ese partido, en nombre de la educación de sus propios militantes y todos los luchadores, es dejar claro que no es eso lo que corresponde hacer. Que los revolucionarios resisten a la justicia, no se adaptan a sus normas, y que la política debe ser impedir que los luchadores caigan presos.
Sin embargo, el PO sostiene otra cosa. Ha reivindicado que sus militantes se “ponen a derecho”, es decir, acatan obedientemente a la Justicia. Y defiende a toda voz que eso es lo que deben hacer todos los luchadores que se encuentren en esa situación1. Eso es un error muy grave, un antecedente contrario a la tradición obrera revolucionaria. Es verdaderamente inaceptable. Esto es lo que queremos debatir. Opinamos que esta posición es parte de la adaptación a la legalidad de la democracia burguesa que venimos señalando en los partidos “legales” del FIT.
Lo hacemos desde una posición fraternal. En nuestros afiches y petitorios, pusimos en primer lugar el reclamo de libertad para Arakaki y Ponce, y luego recién el cese de la persecución de Sebastián. Lo hicimos así, justamente porque consideramos que ellos eran los que estaban en peor situación. Es sin dudas un enorme triunfo de la movilización común que ahora estén libres, mientras continúa el juicio. Y lucharemos unitariamente por el fin de la persecución a todos. Es por esto que defendemos la necesidad de una campaña unitaria a nivel nacional e internacional, unificando la defensa de todos los presos por luchar y contra la persecución a todos los luchadores.
Nos parece que los compañeros del Partido Obrero, no actúan del mismo modo. Si bien se han solidarizado en un primer momento con un pronunciamiento, su campaña y sus afiches apenas nombran el fin de la persecución, y nunca a Sebastián, que junto a César y Dimas eran los únicos tres que tuvieron pedido de captura por la causa del 18. ¿Por qué? No compartimos la posición del Partido Obrero en concreto para Arakaki y Ponce, pero aceptamos su derecho a hacerlo así. Del mismo modo que exigimos el respeto a la posición que adopta Sebastián.
Unidad de los trabajadores
Insistimos, es un debate fraterno para mejor enfrentar a un gobierno y un régimen que, cada vez más, atacan y criminalizan a los luchadores. En ese marco, es preciso dar señales claras a los activistas obreros y juveniles, trayendo a la actualidad las mejores enseñanzas y tradiciones del movimiento revolucionario.
Es una verdadera necesidad de las luchas actuales y futuras que, como en el 2001, pueden llevarnos al colapso del régimen. Y pondrán a la orden del día la lucha por un poder obrero y popular, frente al régimen que nos explota. En ese marco, las tácticas políticas, jurídicas y de toda naturaleza, deben corresponderse con el objetivo revolucionario, y no adaptarse al régimen democrático patronal, ni a las presiones de un electorado que todavía, en su mayoría, no rompió con ese régimen.
1Prensa Obrera del 17-1-18 reivindica: «Su prisión preventiva es un acto de violencia institucional ya que ninguno tiene el poder de interferir en la investigación ni tienen la intención de fugarse tal como lo han demostrado presentándose ante el juez desde antes que éste lo citara.