Una publicación oficial de la organización CORREPI nos anuncia que en lo que va del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio se contabilizan más de 90 muertes producidas por efectivos de distintas fuerzas.
Como trabajadores sabemos que en los barrios la violencia policial es parte del paisaje habitual en el que nos toca vivir. Esta violencia no consiste en casos individuales o aislados, sino que se da de manera generalizada en toda la institución policial como parte de una política de Estado.
En Córdoba hace poco, el 6 de agosto, se dio a conocer el caso de Valentino Blas Correa, 17 años. Falleció a causa de un disparo efectuado por un oficial de la policía, todo esto por no haber parado con el auto en un control policial.
También está el caso de Luis Espinoza, un trabajador rural de 31 años, que el 15 de mayo fue baleado por la espalda por la policía de Monteagudo (Tucumán). El cuerpo estuvo desaparecido por 7 días y fue hallado a 80 km de donde fue asesinado.
O el caso de Lucas Barrios, 18 años, recibió 18 balazos en Avellaneda (AMBA), por parte de un policía de la Federal.
Y el caso más evidente y grosero que podemos ver hoy, el de Facundo Castro, desaparecido por la policía durante más de 90 días. Múltiples pruebas vinculaban a los efectivos policiales con quienes se lo vio por última vez, pero sin embargo para la Justicia “no había ninguna relación”. Recién ahora, cuando la presión social dificulta mantener el encubrimiento, mandan allanar al patrullero con el que presuntamente fue transportado el cuerpo que pertenecería a Facundo hasta el lugar en donde se lo encontró.
La policía de Berni: encubrimiento, desviar causas, testimonios falsos.
Podríamos seguir enumerando cada uno de los casos que se conocen hasta el momento, pero aun así nos quedaríamos cortos dado que existen muchísimos más. Gracias al encubrimiento policial junto con los medios patronales y el aparato del Estado, no llegamos ni a enterarnos.
Las llamadas Fuerzas de Seguridad no están ahí para cuidarnos, sino para reprimirnos, para torturarnos y hasta matarnos. A medida que la crisis y las desigualdades se siguen profundizando, nos vamos dando cuenta de esta triste realidad.
Ellos están ahí para mantener el “orden”, el orden de las clases sociales, para que los tienen menos sigan teniendo menos sin reclamar y los que tiene más sigan creciendo a costa de nuestra hambre y miseria.
Es por eso que denunciamos que las policías, está al servicio de las políticas hambreadoras que el Gobierno lleva adelante. El Gobierno es responsable de cada una de las muertes por gatillo fácil, de cada víctima de la violencia policial.
Plan Centinela: ¿sirve para terminar con la inseguridad?
Sin embargo, frente a toda esta injusticia y violencia institucional, el presidente Alberto Fernández se reunió en Olivos junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el Gobernador Bonaerense Alex Kicillof e intendentes para avanzar con la marcha del “Plan Centinela”. Se trata de un método para “combatir” la inseguridad en el conurbano. Un aporte del Gobierno Nacional hacia los municipios para el reclutamiento de 10 mil nuevos efectivos policiales, además de la compra de patrulleros, refacciones en las comisarías y compras de armamentos. Todo un despliegue de fuerzas represivas, que traerá como resultado más detenciones arbitrarias, más torturas, más fusilamientos de gatillo fácil y más muertes de personas detenidas.
Plata para la policía sí, plata para combatir el hambre no
Se estima que serán entre 10 y 12 millones de pesos los destinados para poner en marcha este nuevo plan.
Mientras miles de familias de trabajadores hacen malabares para poder comer, y otras tantas miles de familias de desocupados no lo están pudiendo garantizar, el Estado se jacta de invertir para militarizar nuestros barrios.
En aras de “cuidarnos” nos exponen al hambre, la miseria y la violencia. Con toda esa plata podría invertirse en un plan de edificación de viviendas para gente que se encuentra en condiciones precarias o sin hogar, creando a la vez puestos de trabajo genuinos, con toda esa plata podrían abastecerse comedores, escuelas, hospitales. Podrían comprarse insumos de limpieza y distribuirlos en los barrios para hacer frente a la pandemia, podrían construirse hospitales y arreglar los que están venidos abajo, podrían hacerse muchas cosas que realmente estén al servicio de nuestras necesidades.
No necesitamos más policías armados, necesitamos salud, vivienda y trabajo en condiciones dignas.
¡Investigación de estas muertes y castigo a los responsables! ¡Fuera Berni!
Por todo esto, exigimos la justicia por cada una de las muertes ocasionadas por el abuso policial y de las Fuerzas de Seguridad, que los responsables sean separados de sus puestos y encarcelados para que reciban la condena que corresponde a cualquier asesino.
Necesitamos la conformación de comisiones investigadoras independientes que ayuden a combatir la corrupción y encubrimiento que se viene llevando adelante, de tribunales populares conformados por y para los trabajadores para que podamos gozar de una justicia real. También necesitamos que los fiscales, jueces encubridores sean procesados y apartados por su rol de tapar y justificar los asesinatos policiales.
¡Exigimos la renuncia de Berni, ya! Exigimos que den marcha atrás con el Plan Centinela y que ese dinero quede a disposición de las verdaderas necesidades del conurbano. Por todo ello es importante organizarnos como lo hicimos en la pasada marcha contra el gatillo fácil.