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Boudou preso

El pasado 3 de noviembre Argentina despertó con la noticia de Boudou tras las rejas, acusado de ser jefe de una asociación ilícita que lavaba dinero. Poco después, los ministros Caputo y Aranguren, más otros importantes funcionarios del Gobierno, fueron denunciados por graves actos de corrupción en el escándalo Paradise Papers

En fuerte contraste con su look fashion, Boudou fue fotografiado cabizbajo y en pijama. Las imágenes circularon impúdicamente, poniendo en guardia a Cristina y avivando la bronca popular contra otros ex protegidos del gobierno kirchnerista, hoy merecidamente presos: Báez, López, Jaime, De Vido.

Días más tarde, se desató el escándalo financiero global de los Paradise Papers, en el que un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, involucró al Ministro de Finanzas Luis Caputo, al Ministro de Energía Juan José Aranguren  y otros altos funcionarios macristas. Según ese informe, Caputo administró sociedades y fondos de inversión off shore en paraísos fiscales (mueven fortunas de dinero en negro que no pagan impuestos y por fuera de las leyes que regulan la actividad), ocultándolo en su declaración jurada al asumir como ministro. Y Aranguren fue director de varias empresas off shore, una de ellas creada por Shell es la principal vendedora de gasoil al estado.

De contragolpe, Unidad Ciudadana, se apuró a exigir a Macri la renuncia de Caputo.

¡Claro que todos ellos deben ser investigados y encarcelados, sus bienes confiscados, además de quedar invalidados para ejercer cargos públicos!

Lo llamativo es cómo la justicia se inclina ante el poder de turno. Era muy permisiva con la corrupción kirchnerista en la década pasada, mientras ahora mira solo para ese lado y tiene los ojos vendados para la corrupción de Macri, su familia y entorno político.

Hagamos memoria

El clan Macri se hizo multimillonario mediante negocios y negociados con el Estado desde la dictadura de Onganía hasta hoy. En el período del genocidio (1976- 1983) multiplicó por siete su fortuna. Franco Macri formó parte de la “patria contratista” y de los negociados con la obra pública en los ´70, durante la última dictadura pasó de tener 7 a 47 empresas, entre ellas Socma (Sociedad Macri) de la que Mauricio fue vicepresidente hasta 2003. En 1982 Domingo Cavallo, entonces presidente del Banco Central, estatizó la deuda de numerosas empresas privadas, entre ellas 170 millones de dólares de FIAT Sevel, perteneciente al Grupo Macri. Hoy forman parte de la deuda externa que estamos pagando penosamente todos los laburantes.

IECSA, constructora que Franco Macri “vendió” a su sobrino Ángelo Calcaterra, en 2007, fue beneficiada en 2008 con la adjudicación del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en sociedad con otras empresas, entre ellas Odebrecht.(Es importante señalar que peritos vinculados a la Lista Bordó del Ferrocarril Sarmiento consideran ese plan de soterramiento como una gran estafa). Durante cuatro años la obra recibió pagos del estado a pesar de estar prácticamente parada (el único avance fue la colocación de una tuneladora en la Estación Haedo).  Durante la gestión de DeVido, IECSA ocupaba el tercer puesto en el ránking de empresas que más obras obtenía.

A poco de asumir Macri, Odebretch fue involucrada en el escándalo de Lava Jato. La empresa IECSA y el  Jefe de Inteligencia del gobierno, Gustavo Arribas, fueron denunciados por recibir coimas de ejecutivos de la gigante brasileña, ligadas al soterramiento del Sarmiento.

En 1997 Menem privatizó el Correo que pasó a manos del Grupo Macri, asociado con el Banco de Galicia, por 30 años. Tenía que pagar al Estado un canon semestral; ¡solo lo hizo durante dos años, hasta 1999! En febrero de 2017 Macri le perdonó a su propia familia $70.000 millones de esa deuda.

En 2016, se sancionó la Ley de Blanqueo de Capitales, que permitió reingresar al país los dineros en el exterior provenientes de la fuga de divisas y del narcotráfico. Macri, por decreto permitió incluso lo que la nefasta ley prohibía: que los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios puedan efectuar la declaración voluntaria excepcional de sus bienes”.

A meses nomás del balotaje, en una investigación de corrupción internacional, Panamá Papers, se conoció que la familia Macri tenía múltiples empresas off-shore, utilizadas, esencialmente, para el lavado de dinero. Allí se encontraban involucrados desde Franco a Mauricio Macri, pasando por otros integrantes de la misma familia.

Al día de hoy no se avanzó en las causas de Panamá Papers ni de Odebrecht  y los implicados siguen en funciones.

Con este prontuario no pueden sorprender los sobreseimientos express en casos menores como el de la Vicepresidente Michetti por el dinero no declarado de la Fundación SUMA o el de Gómez Centurión acusado de embolsar coimas por el ingreso de contenedores cuando estaba al frente de la Aduana. Tampoco el silencio sobre los Panamá Papers ni la poca difusión del estallido actual de los Paradise Papers que implican a Caputo y Aranguren.

Es el capitalismo: la corrupción empresaria no diferencia entre dictaduras o “gobiernos democráticos” ni tiene problemas con la “grieta”.