Nacional / Abajo la resolución de Macri y Bullrich

El Gatillo Fácil es Ley

El Gatillo Fácil es Ley
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El pasado 3 de diciembre el Gobierno Nacional de Cambiemos volvió a demostrar su impronta represiva legalizando el Gatillo Fácil. La novedad había circulado en los días por los que el G20 estuvo en el país pactando más ajuste y entrega y fue publicada en el Boletín Oficial a principios de este mes. La resolución 956/2018 autoriza un nuevo reglamento para las Fuerzas Armadas en el empleo de armas de fuego. Ante lo que se viene, un 2019 nuevamente signado por la resistencia de los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, el Gobierno se asegura el empleo de la fuerza.

Qué legaliza la resolución

Esta nueva disposición deroga la dispuesta por la ONU en la resolución de 1990 que autoriza el uso de la fuerza “sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas” y además señala que se empleará “solamente cuando otros medios resulten ineficaces, aclarando que, cuando su empleo sea inevitable, se ejercerá con moderación y en proporción a la gravedad del delito, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana.”

El Nuevo Reglamento , en su artículo nº2, indica: “Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos: En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención.”

Cabe preguntarse entonces para la Ministra Bullrich qué es lo que representa un peligro inminente. ¿Peligro inminente son acaso los niños muertos por causa de gatillo fácil, como Facundo Ferreira?. Peligro inminente ¿son las movilizaciones en contra de las políticas de ajuste?

Esto es respondido unas líneas más abajo, en el artículo nº 5: “Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal.” En esta categoría ingresan entonces los “movimientos sospechosos” que dicen los efectivos ver y/o las “armas de fabricación casera” con la que justifican la persecución a Sebastián Romero. Por lo tanto se abre la posibilidad para las fuerzas de seguridad de matar a quienes nos movilizamos en defensa de nuestros derechos.

Bajo esta resolución, los agentes que reprimieron la protesta del 18 de diciembre pasado hubieran tenido vía libre para asesinar a quienes nos defendimos con lo que teníamos a mano, porque podrían haber sido tomadas como “armas letales”.

El gatillo fácil es moneda corriente

Esto no quiere decir que el Gatillo Fácil no sea cosa ya de todos los días. Los índices de personas muertas por las fuerzas de seguridad en nuestro país son altísimos. Hay muy pocos datos al respecto. Claro que no hay cifras oficiales. La información es recopilada por organizaciones antirrepresivas y de derechos humanos. Y en los años de Cambiemos ese número no paró de subir. En 2017 el promedio fue de un pibe asesinado por Gatillo Fácil cada 23 horas.

Esto ya sucedía con otro reglamento supuestamente basado en un uso regulado de la fuerza. Entonces, ¿para qué esta resolución?. Para acallar el repudio generalizado que sucedió con el caso Chocobar.

Las repercusiones

Esta doctrina lanzada por el Ministerio de Seguridad de la Nación generó en un primer momento críticas dentro de Cambiemos. Elisa Carrió ha dicho públicamente en un principio que estaba contra esta nueva disposición. Sin embargo, en los últimos días se desligó de la responsabilidad de ser parte del bloque y alentó a que lo resuelva el Congreso.

Por otra parte, referentes de la oposición, como Nilda Garré y el dirigente sindical Hugo Yasky repudiaron la resolución. Sin embargo, bajo los gobiernos kirchneristas el gatillo fácil fue sumamente regular. Precisamente la desaparición y asesinato de Luciano Arruga ocurrió en 2009, por solo nombrar un caso.

La legisladora Myriam Bregman, del FIT, junto a otras organizaciones de derechos humanos, presentaron a la justicia un pedido de nulidad de la resolución. El juez Roberto Gallardo hizo lugar al pedido y dictó la inconstitucionalidad de la resolución, para la Ciudad de Buenos Aires.  Actualmente el pedido está en la justicia, sin embargo continúa vigente para todo el país.

Es preciso tirar abajo el protocolo

Este protocolo solo va en contra del pueblo trabajador y pobre. Llega luego de la venida del G20, del fallo escandaloso por el caso de desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, luego de la matanza indiscriminada de dos militantes de la CTEP y corona tres años de Gobierno Macri, signados por el ajuste y la represión crecientes. Es parte de toda la maquinaria del sistema capitalista para explotar y oprimir.

Los trabajadores argentinos hemos hecho historia tirando abajo la última Dictadura Militar, echamos por tierra las leyes de impunidad, impedimos el 2×1 a los genocidas, logramos que no se aplique el Protocolo Antipiquetes y un sinfín de logros mediante un camino: la movilización y la lucha organizada. Aquí no alcanza con presentar recursos a la justicia que encarcela luchadores y deja libres empresarios corruptos, violadores y genocidas. Es preciso tirar abajo esta resolución y terminar de una vez por todas con el gatillo fácil desmantelando todo el aparato represivo. Y esa batalla la ganaremos con la máxima unidad de acción, en las calles.

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