Declaración Nacional / Para avanzar de verdad hacia la soberanía alimentaria

ESTATIZACIÓN DEL 100% DE VICENTÍN SIN INDEMNIZACIÓN

ESTATIZACIÓN DEL 100% DE VICENTÍN SIN INDEMNIZACIÓN
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El Gobierno Nacional anuncio el día de ayer la intervención de la agroexportadora Vicentín a través de un DNU, para después avanzar en un proyecto de ley de expropiación. Así como en 2012 Cristina anunciaba la estatización del 51% de las acciones de YPF como un paso hacia la soberanía energética, Alberto anunció esta medida como un paso hacia la soberanía alimentaria.

Vicentin ocupa el puesto número 6 de las 10 principales exportadoras de granos del país y, sin duda, fue la mayor beneficiaria durante el gobierno del Macri, que le permitió tomar deuda del Estado por un valor de $18000 millones de pesos a través del Banco Nación, aunque la deuda total de Vicentin asciende a un valor de U$$ 1350 millones de dólares.

Los dueños de Vicentin, los empresarios santafesinos Gustavo Nardelli y Alberto Padoan, eran mimados de Mauricio Macri, ellos fueron quienes hicieron uno de los principales aportes de campaña para el ex presidente, por una suma de 14 millones de dólares.

El DNU y el proyecto de Ley

Es en este contexto es que se da el anuncio del gobierno de Fernández, titulado como “un gran paso hacia la soberanía alimentaria”. Pero ¿en qué consiste ese anuncio?

Lo que es un hecho es la intervención de la firma por 60 días, con el objetivo de “rescatarla”, es decir, salvar a la empresa que estaba en concurso de acreedores con una profunda crisis.  Hasta ahí el objetivo sería poner la empresa en “orden”.

Junto a eso, se anunció el envío de un proyecto de Ley de Expropiación, a partir del cual, en caso de ser aprobada, YPF se haría cargo de las acciones de la firma, que tendrían un componente estatal del 51% y 49% privado.

Según el diario Tiempo Argentino el proyecto establece que “los activos expropiados serían aportados a una empresa privada, con un 51% de capital estatal que concentre los activos fijos corrientes y no corrientes e intangibles en la Argentina y fuera de ella, hasta hoy propiedad de Vicentín SA, y sus vinculadas y controladas, para la continuidad de la explotación”. Es decir que lo que propone el gobierno es una empresa de capitales mixtos con un 49% privado, por lo tanto, en función del lucro y no de las necesidades de la población para garantizar la “soberanía alimentaria”, tal como sucede con la actual YPF. A la vez, el 49% del capital privado que hoy tiene YPF se beneficiará con esta medida.  

Ninguna garantía

Sin dudas, es una necesidad del pueblo trabajador garantizar el acceso de todos y todas a la comida, pero para eso las medidas anunciadas por el gobierno, aunque relativamente progresivas, no son aún ninguna garantía, y en nombre de la soberanía alimentaria se puede estar gestando una nueva gran estafa en la que ganan los mismos de siempre.

Cabe recordar que un año después del anuncio de la estatización de las acciones del 51% de YPF (pertenecientes a la petrolera española Repsol, a la que se le pagó más de 5000 millones de dólares en concepto de indemnización), se realizaba el pacto YPF- Chevron para que la empresa yanqui explote el petróleo de Vaca Muerta, dando un paso gigante en la pérdida de la soberanía energética y nacional.

Tomemos parte

Los trabajadores y trabajadoras no podemos estar ajenos a esta cuestión y dejarla en manos de los diputados, diputadas, senadores y senadoras del Congreso, que no es más que una cueva de bandidos. Tenemos que tomar parte peleando por una verdadera expropiación del 100% de Vicentín y todas las propiedades de esos empresarios, además de la estatización sin pago de toda empresa que cierra o despida, como el Frigorífico Penta.  Si el Gobierno verdaderamente quiere avanzar hacia la soberanía alimentaria debería expropiar no solo la sexta sino las diez grandes monopolizadoras de la producción, acopio, comercialización y exportación de los granos. Eso debemos exigirle.

Si realmente esta medida es para beneficiar al personal de la empresa. la primera medida de la intervención debería ser el aumento general de salarios para los trabajadores y trabajadoras directos y de los peones y peonas rurales que trabajan en forma indirecta para su producción, además del pago a los pequeños productores por los granos entregados a Vicentín.

Los trabajadores de la empresa, sean directos o indirectos, no deben tener ninguna confianza en las nuevas autoridades, es importante que se organicen formando comités para velar por su situación y defender sus derechos en esta nueva gestión, junto con los pequeños productores y comerciantes aledaños.

¿Qué expropiación necesitamos?

Los ejes de esa verdadera expropiación al servicio del pueblo trabajador deberían ser:

Expropiación sin indemnización: Vicentín está dejando una deuda de 1350 millones de dólares a bancos y proveedores, esta no  es una deuda que el Estado argentino deba pagar, es una deuda que tiene que ser saldada del patrimonio que fugaron del país Gustavo Nardelli y Alberto Padoan. Incluso una estafa de tal magnitud, debe ser pagada con cárcel para ellos y sus cómplices, que dieron beneficios para esta fuga y endeudamiento, en este caso el ex director del Banco Nación Javier González fraga y el ex presidente Mauricio Macri.

Los libros contables de la empresa deben ser abiertos para que se sepa qué pasó con las ganancias de los últimos 10 años, dónde fueron a parar el dinero, las acciones, y propiedades y recuperarlos para el desarrollo de la empresa.

Estatización del 100% de la empresa bajo control obrero: Fernández explicó que todos los activos del Grupo Vicentin pasarán a ser parte de un fondo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro, ésto generó gran interés en los mercados y en particular en Nueva York donde las acciones se incrementaron un 10%. La única forma de dar pasos hacia la “soberanía alimentaria” es la independencia del imperialismo listos para intervenir a favor de sus intereses. Los únicos capaces de defender la soberanía son los trabajadores mismos a través de su control sobre las ganancias de estas empresas.

Junta Nacional de Granos: La Junta Nacional de Granos es la que tiene que controlar el precio y el abastecimiento internos de los alimentos primarios que necesitan los trabajadores y el pueblo pobre. Esto garantiza alimentos de calidad y a precios populares y no precios puestos por los mercados internacionales a precios dólar.

Estas medidas deberían ir en camino de, para garantizar realmente el acceso de todos y todas a la comida,  lograr la estatización del conjunto de los latifundios y grandes extensiones de tierra, así como de toda la cadena alimenticia para alimentar bien y barato al pueblo, y aprovechar los saldos exportables, las inmensas ganancias que se quedan las empresas con la exportación de comodities y comida, para beneficio de un plan económico obrero y popular, lo que solo puede ser hecho por un gobierno de trabajadores y trabajadoras, que organice la producción en función de las necesidades de la mayoría de la población y no de la ganancia capitalista.

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