Luis Espinoza era un obrero rural que el día 15 de mayo desapareció luego de intentar defender a su hermano del ataque que le estaban efectuando cinco policías. Durante días era buscado mientras que la policía se negaba a tomar la denuncia de la familia por desaparición. A los pocos días su cuerpo apareció en la Provincia de Catamarca y todas las pericias indicaron que fue asesinado en el lugar donde fue visto por última vez, con un arma policial y luego trasladado más de 100 km al lugar donde fue arrojado el cuerpo.

Este crimen se enmarca en un contexto de agravamiento de los casos de represión en medio de la cuarentena. En San Julián (Santa Cruz), en el Chaco, en San Luis o la reciente militarización en Villa Azul (Provincia de Buenos Aires) son ejemplos de cómo con la excusa de la pandemia las fuerzas policiales amedrentan contra los trabajadores, incluso llegando al asesinato. Mientras sucede esto los empresarios son beneficiados con subsidios y créditos. Aun cuando abren sus fábricas provocando cientos de contagios cada día.

El gobierno nacional luego de guardar silencio salió a repudiar los hechos e instó a que los implicados sean juzgados y separados de la fuerza. Estas medidas son necesarias, pero a la vez insuficientes. La tradición de gatillo fácil, abusos, torturas y apremios ilegales nos demuestran que no es un policía individual sino toda la institución que está re podrida y actúa al servicio de los poderosos. Los responsables políticos de este crimen también deben ser juzgados y condenados y eso solo podremos lograrlo con la movilización obrera y popular.