Internacional / Colombia

Las Farc ante la justicia burguesa

Las Farc ante la justicia burguesa

El problema de las víctimas En el futuro próximo, si las FARC y el gobierno de Santos concluyen exitosamente el proceso de negociaciones, estará planteado para muchos miembros de esa guerrilla un juicio y condena, a través de los llamados mecanismos de “justicia transicional” que se preconizan hoy por hoy en tales situaciones.

¿Cuál será la actitud de la dirección de las FARC ante dicho juicio? ¿Aceptarlo y someterse a la condena? ¿Rechazarlo, proclamando la justicia y validez de su lucha, asumiendo todas las consecuencias? ¿Desafiar abiertamente a la “justicia” que los juzga, señalando a qué intereses sirve y qué sociedad y valores defiende? ¿Defenderse, en el propio marco de esa justicia, buscando “sacarla lo más barata posible”, negociando sus “culpas” y “penas”?

El futuro, por boca de los propios dirigentes de las FARC, dará las respuestas. Entretanto, en lugar de especular más vale la pena reflexionar sobre los elementos centrales involucrados en el asunto, que no son de poca monta.

La justicia en un Estado burgués

Más allá del detalle de los comportamientos individuales, que para el proceso político y social son absolutamente secundarios y anecdóticos, hay que partir del hecho –demostrado ya científicamente por el marxismo desde hace décadas– que es la división de la sociedad en clases y la lucha entre ellas la que determina y subordina todos los aspectos de la propia vida social. De la división de la sociedad en clases, a partir de la propiedad o no de los medios de producción, se derivan las diversas instituciones, sus funciones, los valores que las sustentan y el poder que tienen.

La llamada “Justicia”, toda su estructura, sus funcionarios y agentes, son una parte sustancial de los regímenes políticos en los estados burgueses, es decir en los estados en los cuales la burguesía es la clase dominante, opresora y explotadora sobre la más amplia mayoría de la población. Cumple la función imprescindible de “castigar”, con el peso de las leyes (expedidas por un Congreso de ellos mismos) a quienes atentan o actúan (individual o colectivamente) en algún sentido que afecte la estabilidad o el funcionamiento “normal” de “su” sociedad.

Causa preocupación a algunos grandes burgueses, que posan de ilustrados, que estas verdades se digan y proclamen abiertamente. Tal vez piensan –sin atreverse a decirlo– que sería conveniente incluso “juzgar” y “condenar” a quienes así se atreven a pensar y osan decirlo en voz alta. Si tal llega a suceder, como otras veces en la historia ha sucedido, nos atendremos a las consecuencias, sin modificar una coma lo que decimos.

Como ejemplo de ello, en su columna de El Tiempo del 19 de octubre de 2013, el señor Rudolf Hommes señala: «La oposición al capitalismo ha progresado más rápidamente que el desarrollo capitalista. Cualquier iniciativa social de origen empresarial corre automáticamente el riesgo de ser rechazada o satanizada por los partidos de izquierda o por miembros de la burguesía ilustrada que son hostiles al capitalismo más allá de lo que es racional, a tal punto que ven al Estado exclusivamente como promotor de intereses privados y no le reconocen su calidad de árbitro de última instancia.» (negritas nuestras).

¡Pues sí, señor Hommes, eso es! El Estado burgués y todas sus instituciones –incluida la “Justicia”– son el aparato de promoción, defensa y mantenimiento –a sangre y fuego cuando lo necesitan– del poder y de los “intereses privados” de una minoría corrupta y putrefacta que se regodea en el lujo y la riqueza que obtienen a costa del hambre y miseria de millones –en cada país y en el planeta. ¡Y usted hace parte de ellos!

La burguesía trata, por todos los medios a su alcance, –incluidas las columnas de opinión del gran burgués Hommes– de hacer creer que el Estado y sus instituciones (incluida también la “Justicia”) son un “árbitro de última instancia”, “neutral” y “equilibrado”, que actúa en bien y a favor de todos.

¿Quién juzgará a las FARC?

Con cualquier retoque o adorno que se pacte en la mesa de negociaciones, el aparato que “juzgará” y “condenará” a miembros de las FARC será el que describimos más arriba. Es el mismo que ha juzgado y condenado a centenares de ellos en el pasado. Ante él muchas veces diversos militantes de las FARC se han alzado “desafiantes” y “pagan” condenas en las cárceles; en un carácter de presos políticos que, desde nuestro punto de vista, les reconocemos.

En otras ocasiones, y ese es un derecho que también reconocemos, se ha optado por defenderse en el propio terreno de la “justicia” burguesa sin desafiarla o confrontarla abiertamente; habiendo sido “condenados” unas veces y “absueltos” otras.

No es nuestro juicio

Sea cual sea el desenvolvimiento de este proceso, en el cual las FARC reúnen en sí mismas el doble carácter de víctimas y victimarios, como lo señala Gabriel Quiróz G. en artículo difundido por el periódico El Socialista (edición N.° 677), es necesario tener la más absoluta claridad en que, desde una posición obrera revolucionaria como la que defendemos, no acudiremos a ese tribunal. Ese no es nuestro juicio. Las FARC y su dirección, si así lo deciden, tienen todo el derecho de someterse al mismo y actuar en él según les convenga.

Como partido, nuestra concepción de clase sobre el carácter y papel de la justicia burguesa sólo nos permite acudir a ella cuando, por las propias contradicciones de los valores y principios que proclama la burguesía, existe la posibilidad de aprovechar favorablemente sus acciones al servicio de la lucha obrera y popular. Y este no es el caso, desde ningún punto de vista.

Pero a la vez, por la insalvable contradicción que el errado accionar de la guerrilla ha producido en el proceso revolucionario colombiano, que ha llevado a miles y miles a considerarse víctimas directos de sus acciones, reconocemos el derecho individual (y colectivo) de todos aquellos que se sienten víctimas del accionar de las FARC a presentar sus quejas, reclamos y acusaciones ante el tribunal que consideren conveniente. Y las FARC darán, si así lo deciden, las explicaciones que consideren pertinentes. Esa es su responsabilidad y obligación.

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