Las empresas multinacionales y los organismos internacionales tienen entre sus principales preocupaciones aumentar la producción de materias primas en los países semicoloniales, y mejorar la infraestructura para transportarlas. La producción de soja en nuestro país es un buen ejemplo de ello.
La soja comenzó a producirse en nuestro país en los años 70 del siglo pasado. El área sembrada por aquel entonces era de 95.000 hectáreas pasó a 5 millones de hectáreas en los 90 para llegar a 20,3 millones en la campaña 2015/16. La producción dio un salto 1996 con el ingreso de las semillas RR, resistentes al Roundup el poderoso herbicida producido por la multinacional Monsanto, esto se suma a los nuevos paquetes agro tecnológicos que permitieron aumentar la productividad por hectárea de 2.200 kg/ha en los 90 a 3.000 kg/ha en la campaña 2015/16.
Argentina es el tercer productor mundial de soja detrás de EEUU y Brasil y el principal exportador mundial de aceite y harina de soja.
Efectos colaterales
El desarrollo del cultivo de soja tuvo varios efectos colaterales. Uno de ellos fue la revalorización de la tierra que en caso de algunas provincias como Chaco pasó de U$S 100 en 1996, U$S 3.800 en 2011.
La combinación de mayor productividad y altos precios internacionales amplió el límite del territorio cultivable por lo que se avanzó en el proceso de desforestación y apropiación de territorios ocupados por pueblos indígenas usando la violencia estatal o de los grupos de seguridad privada de los empresarios sojeros, pasando por encima de la ley veinteañal por la cual todo ocupante de una parcela es propietario de la misma si demuestra que la ocupó durante ese o más tiempo.
A todo esto debemos agregarle el pasivo ambiental y las enfermedades ocasionadas por los agrotóxicos en las zonas rurales o de la polución en los barrios linderos a las terminales portuarias como denuncian por ejemplo los Vecinos Autoconvocados Contra la Contaminación Ambiental en la ciudad de Rosario.
Las privatizaciones y la ausencia del estado
Todo este desarrollo fue posible gracias a los cambios institucionales que eliminaron organismos del estado y avanzaron en la privatización de distintas áreas. En el año 1991 un Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo eliminó la Junta Nacional de Granos entre otros organismos. Posteriormente se procedió a pasar los puertos de la esfera nacional a las provincias, la mayoría de ellas mediante el sistema de concesión dejaron la operación de los mismos en manos de empresas privadas. Eso ocurrió en la provincia de Santa Fe durante los gobiernos peronistas de Obeid y Reutemann pero nada cambió con los gobiernos “socialistas” que llegaron más tarde y se mantienen hasta la actualidad.
Una vena abierta para América Latina
Buenos Aires y Santa Fe concentran más de la mitad del área sembrada con soja.
Siete empresas concentran el 70% de la producción de aceite de soja.
Santa Fe es la segunda provincia por el volumen de exportaciones (24% del total nacional), la mayor parte (84%) son Manufacturas de Origen Agropecuario.
Mediante el sistema de barcazas se transporta la producción de zonas al norte de la ciudad de Santa fe incluso de Paraguay Bolivia y sur de Brasil hasta las terminales portuarias ubicadas al sur de la capital provincial. Luego de ser procesadas en las terminales portuarias propiedad de grandes multinacionales (Glencore, Cargill, Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, AGD, Cofco ) se embarcan en los buques de gran calado que solo pueden acceder hasta esta zona porque la profundidad del Paraná (dragado mediante) lo permite.
La miseria y la muerte, contracaras de la riqueza
Mientras un puñado de multinacionales se enriquecen los trabajadores trabajan en condiciones que han llegado a provocar numerosas muertes durante los últimos años.
Los indicadores sociales de la provincia de Santa Fe muestran que casi la mitad de los menores de 14 años son pobres o indigentes en el Gran Rosario. El 10% de la población de la provincia tiene una o más necesidades básicas insatisfechas.
La dinámica de este sistema es clara, cada vez más riqueza se concentra en menos empresas mientras la mayoría de la población es empujada a la miseria.
Solo un gobierno de trabajadores podrá terminar con estas injusticias entregando la riqueza a quienes la producen.