El 2 de enero de este año los usuarios del transporte público del Gran Mendoza comenzamos una serie de protestas en las calles de la ciudad cabecera. ¿El motivo? Rechazar, en el marco de un ajuste confiscatorio a nivel nacional, el cambio en el sistema de recorridos y el aumento del precio del boleto que sólo benefició a las empresas. En nuestra provincia el boleto subió un 63%.

Enfrentando la reforma del código contravencional, el pueblo copó la calle y marchó por el microcentro de la ciudad.

Los estudiantes nuevamente tomaron la posta en la dirección de la lucha, encabezando la columna con sus cánticos durante todo el recorrido.

El gobernador Cornejo ya dejó ver un signo de debilidad, y en el mismo día del inicio del sistema tambaleó y tuvo que largar un periodo de gratuidad del servicio para contener el malestar de la gente.

Pero el pueblo marchó igual, porque sabe que esto no beneficia a ninguno. Si los estudiantes, que para ir a la UNCuyo desde la terminal, antes se demoraban 20 minutos, ahora se demoran 30. Es decir que todos los días pierden 10 minutos sólo de ida. Lo mismo para los trabajadores y aún peor para nuestros abuelos que ahora tienen que caminar más para hacer todavía más combinaciones, subir y bajar a uno y otro colectivo que no saben para dónde van (ni siquiera los choferes).

Muchas marchas se dieron en torno a esta situación. En una oportunidad el pueblo no se contentó con una simple marcha y, aprovechando que el “genio” que diseñó el sistema de transporte, Natalio Mema (Secretario de Servicios Públicos), estaba dando una entrevista en Canal 9, decidió ir a increparlo a las puertas de los estudios.

Con esto, el gobierno tuvo que retroceder y volver a algunos de los recorridos anteriores. Sin embargo aún se siguen teniendo serios problemas con el sistema. Horarios que no se cumplen, micros colapsados, recorridos inútiles, y otros que son peores que los de antes. Sin ir más lejos, hay barrios que quedaron sin servicio y otros desconectados del centro, generando una separación entre los más pobres y los más adinerados.

En medio de todo hubo víctimas aún más graves. Una beba del departamento Guaymallén fue lesionada en su cabeza y cara por perdigones de bala que un policía disparó, mientras que en Las Heras se baleó y gaseó a los vecinos que se quejaban y se detuvo a tres de ellos.

Si bien, algunos sectores no tenían y ahora tienen servicio, no era necesario alterar todo el sistema y perjudicar a tantos usuarios. Sólo habría hecho falta comprar las más de 150 nuevas unidades que prometieron para completar la red.

Pero no. El gobierno está empeñado a garantizarle a las 8 empresas que manejan el sector metropolitano su rentabilidad tal como lo marca la nueva ley de movilidad.

Esto no puede seguir así. Los usuarios no podemos pagar un servicio inútil, que nos ha quitado el presentismo a quienes no pudimos llegar a horario a nuestros trabajos, que nos obligó a salir mucho tiempo antes de nuestras casas para llegar a un mismo lugar, o que vulnera el derecho a la educación de muchos estudiantes.

Para saber si realmente era necesario el aumento debemos exigir que se abran los libros contables de las empresas y ver en qué se va el dinero que pagamos todos. Para mejorar el servicio somos los usuarios quienes tenemos que decidir qué servicio es el mejor y no que un inepto como Mema nos imponga un sistema que diseñó en su escritorio. Pero para que realmente sea un servicio público de calidad tiene que ser del estado y no de un privado. Las ganancias de los dueños son un costo más que hay que eliminar junto con los impuestos. Si estatizamos la explotación de los yacimientos petrolíferos y el transporte, y los ponemos bajo el control de los trabajadores podemos lograr la gratuidad del sistema.