El pasado viernes 1 de julio en la ciudad de Cartagena, un sicario atentó contra la vida del dirigente sindical Wilson Castro Padilla, quien es miembro de la dirección del Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario, Sinaltrainal, y militante del Partido Socialista de los Trabajadores.

Wilson Castro viene siendo objeto de amenazas y hostigamientos desde hace catorce años y en la actualidad está cobijado con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por lo tanto su seguridad es responsabilidad del Estado Colombiano, pues su actividad en defensa de los derechos de los trabajadores es la única causa por la que su vida ha sido amenazada.
Como Partido Socialista de los Trabajadores, PST, llamamos la atención que este atentado tiene el mismo modus operandi de los hechos ocurridos en el mes de mayo en la sede de Sutimac – Cartagena, en el que los sicarios dispararon contra los escoltas de los dirigentes sociales y políticos allí reunidos.

El atentado a Wilson Castro ocurrió en el barrio Las Gaviotas a las 6:30 pm, cuando el dirigente sindical visitaba a su hija, dos sicarios motorizados dispararon contra el escolta John Jar Gómez de Voz, asignado por la Unión Nacional de Protección, UNP. El escolta logró repeler el ataque y de inmediato se dio aviso a las autoridades de Policía.

Desde el PST exigimos que el Estado Colombiano brinde las garantías para el accionar de los dirigentes sindicales y que cesen los atentados contra el compañero Wilson Castro, quien desde hace más de una década viene instaurando denuncias ante la Fiscalía sin que ninguna de ellas tenga resultados y sin que se hallan unificado los distintos procesos abiertos por las diversas amenazas en su contra.
Hacemos un llamado a toda la dirigencia sindical y a los trabajadores en general a exigir garantías al Gobierno de Juan Manuel Santos, que adelanta en la actualidad un proceso de paz con las FARC, pero que no ha desmantelado a los grupos sicariales que están al servicio de las patronales y los terratenientes y que atentan contra la vida de los dirigentes políticos y sociales de la oposición.