Ante el reclamo de los trabajadores de Cresta Roja, que lleva meses y miles de familias sin trabajo, el gobierno quiso dar una primera lección: el que corta, cobra. Así, mandó a la Gendarmería Nacional, con palos, balas de goma e hidrante incluídos, a “liberar” la Richieri. Las escenas inundaron la TV y provocaron incluso que una notera de TN se rebelase contra el conductor que pretendía justificar la golpiza. El saldo incluye decenas de trabajadores heridos, algunos con una veintena de impactos de bala de goma y un internado en estado grave.

Montada en el operativo, Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad de la Nación, justificó la represión y llegó a decir que “liberamos la autopista porque está llegando River de Japón”. De paso, aprovechó el momento para anunciar un nuevo “Protocolo anti-piquetes”.

El Gobierno de Macri pretende enfrentar a los trabajadores que reclaman con los que necesitan circular. Es un viejo argumento y desconoce a propósito el rol de las empresas y sobretodo del Estado ante cada conflicto, culpabilizando a los trabajadores. Si nos atenemos a la Constitución Nacional, es el Estado quien debe garantizar el derecho a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo. El Estado no sólo no cumple en garantizar esos derechos mínimos para todos, sino que castiga a quienes luchan por que se cumplan.

Bullrich pretende mostrar que “hay otras formas” de protestar sin molestar a nadie. Pretende desconocer que conflictos como el de La Línea 60 de colectivos, los trabajadores Aceiteros o los propios trabajadores de Cresta Roja, presentaron decenas de pedidos a las empresas, al Ministerio de Trabajo, a la propia Casa Rosada, acudieron a los medios, marcharon y dieron visibilidad a lo que estaban sufriendo mucho antes de tener que cortar una calle. El gobierno lo niega y desconoce, porque ahí está su responsabilidad, no atienden a los trabajadores, no los escuchan ni responden a sus reclamos porque quienes nos gobiernan tienen negociados con las empresas que los dejan en la calle.

Cortar una calle nunca es gratis, aunque no haya represión, implica que un trabajador se enfrenta a otros, tiene que poner el cuerpo, exponerse a que pase cualquier cosa. Tampoco es por gusto ni hobby, justamente el reclamo es poder volver al trabajo. Los cortes son por necesidad y han demostrado a través de nuestra historia que luchando y movilizando así se consiguen conquistas. Así, los choferes de la Línea 60 lograron reincorporar a todos los despedidos, los Aceitero lograron una paritaria del 46% y Cresta Roja logró el bono de fin de año.

No hay que confundirse. Ante el plan de ajuste anunciado, el protocolo anti piquetes es un instrumento para impedir las protestas sociales disfrazado de derecho democrático. Es un intento de avanzar en los rasgos represivos del régimen político contra los trabajadores y sectores populares, como lo fue la ley antiterrorista de Cristina, y forma parte del plan de emergencia de seguridad ya anunciado.

No podemos permitirle a este gobierno, que acaba de regalarle a los empresarios del campo todos las reivindicaciones que levantaron en los piquetes que pusieron en riesgo la alimentación de la población de hace unos años. Incluso varios de sus funcionarios impulsaron y/o apoyaron los cortes de ruta de aquel entonces.

Por eso, los trabajadores y el pueblo debemos rechazarlo de plano y exigir que para que no haya piquetes, la salida es dar respuesta a los reclamos de los trabajadores, no aumentar la represión.