La fábrica de alfajores La Nirva (Lomas del Mirador, La Matanza), con 65 trabajadores -80% mujeres, muchas de ellas único sostén del hogar-, está en conflicto por salarios y puestos de trabajo.
La deuda salarial es desde octubre de 2019 y dos años de aportes jubilatorios y obra social. La patronal pagó en diciembre con cheques a 90 días, que resultaron no tener fondos, a lo que siguió la costumbre de firmar acuerdos que nunca cumplió.
Estando cerrada y ante posible vaciamiento, los trabajadores se convocaron en la puerta. Fueron corridos por la policía, pero regresaron recibiendo donaciones de las organizaciones que se acercan solidariamente.
Ante nuevos incumplimientos de la patronal, el 2 de junio por la noche -con el apoyo de las organizaciones que estábamos allí- decidieron ingresar a la planta para garantizar la integridad de la maquinaria y estar en asamblea permanente. Dos representantes del sindicato de Pasteleros, al acercarse, recibieron toda clase de reclamos por el abandono que sufrieron durante el conflicto y desde siempre. Con cara de piedra afrontaron los embates y avalaron la medida.

Los compañeros, a instancias del MNER (empresas recuperadas) que dirige Murúa -funcionario de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernandez-, están tramitando hacer una cooperativa para comenzar a producir. ¡Claro que no necesitamos patrones para trabajar! Pero como cooperativa estarán en desventaja ante las empresas que monopolizan la alimentación. A menos que el estado garantice los insumos y demás recursos necesarios para la continuidad laboral, con sueldos que cubran la canasta familiar, incluyendo las deudas salariales pendientes.

En el PSTU creemos que el estado -principal acreedor- puede hacerse cargo directamente de la fábrica a cuenta de la deuda que la patronal tiene con los bancos y demás organismos estatales. Puede hacerse cargo no sólo de la mitad de los salarios sino de la totalidad. Y luego cobrárselos a la patronal, que debe responder con sus bienes personales por estafadores. Puede garantizar la materia prima, la luz, el gas, para producir inmediatamente. Y abastecer al costo a los comedores y merenderos -por ejemplo- en lugar de pagar precios inflados por la ganancia empresaria. Así como es necesario que el estado intervenga para expropiar Vicentín -ante la emergencia alimentaria y las maniobras de esa patronal- y que sea 100% estatal, sucede lo mismo con La Nirva.
Proponemos continuar la pelea por estas medidas. Es decir, que Murúa, el intendente Espinoza, su secretaria de Producción Giorgi, reabran La Nirva estatizada, bajo el control de sus trabajadores.
Estamos a disposición para que este conflicto llegue a buen puerto y ayudar acompañando en las tareas de recolectar fondo de lucha y lo que haga falta, sea cual sea la salida que los compañeros resuelvan en asambleas.

14 de Junio de 2020.-