Hoy los medios de comunicación hablan solo del asilamiento obligatorio y el Coronavirus. Pero las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares tenemos problemas que van más allá y que necesitan urgente resolución: la cantidad enorme de femicidios, el miedo permanente al colapso del sistema de salud para atender a nuestras familias, el bajo presupuesto, la precariedad, y, aunque nadie diga nada, los abortos clandestinos que se siguen llevando minuto a minuto la vida de muchas mujeres pobres y trabajadoras.  Por eso sigue siendo urgente reflexionar sobre qué programa necesitamos para la legalización del aborto.

Previo a la pandemia, la discusión por la legalidad del aborto era un tema candente, sobre todo porque desde el Poder Ejecutivo se planteó un proyecto en paralelo al proyecto de la Campaña, en donde se daba más énfasis a la parte de despenalización que a la garantía de su gratuidad en instituciones públicas.

Hoy en día la pandemia deja al descubierto que, para poder obtener nuestro derecho al aborto, legal seguro y gratuito hace falta mucho más que una discusión en el Congreso o Senado, ya que del dicho al hecho hay un presupuesto.

En el día a día, los mismos medios de comunicación y hasta el gobierno, nos hablan de un sistema de salud en ruinas con una infraestructura pobre y deficiente. Entonces, la pregunta que surge y que será la excusa para el próximo periodo para prorrogar su implementación, es ¿con un sistema colapsado se podrá implementar de manera eficiente la interrupción voluntaria del embarazo? La respuesta es fácil para nosotros las y los trabajadores, pero difícil para los empresarios. Sí, no se puede, sino que se debe y la única manera de poder garantizar, no sólo el aborto sino también hasta la solución de los problemas más mínimos e indispensables, es con presupuesto. Sabemos que justamente es lo que nos falta porque debemos pagar a cada fin de vencimiento los intereses irrisorios de una deuda que no es nuestra ni nunca lo fue.

En marzo pasado, en plena urgencia por la pandemia, el gobierno pagó us$250 millones en concepto de vencimiento de bonos, siendo que hay familias que por no poder salir a trabajar no están comiendo, siendo que hay miles de despidos que pasan con la excusa de la parálisis del mercado, siendo que faltan insumos de protección para los trabajadores de la salud y los considerados “esenciales”, siendo que hay cada vez más femicidios, siendo que estamos como estamos.

Por eso es importantísimo exigir al gobierno nacional que no siga pagando una deuda a costa de nuestra salud, de nuestro padecimiento. Que el presupuesto sea para salud, educación y trabajo. Si falta infraestructura, insumos y personal se deben estatizar ya las clínicas privadas, esta crisis deja en claro que el sistema privado no está para cuidarnos a nosotros sino para cuidar sus ganancias.

En estos momentos no se puede esperar a que pase la pandemia para después “convencer” a los diputados en el Congreso. En el 8 de marzo se expresó el movimiento en las calles, donde salimos a pedir por la legalidad, tanto en la marcha como en el pañuelazo. Por eso necesitamos un decreto ya que legalice este derecho y que la CGT, las CTAs, los sindicatos y centros de estudiantes se pronuncien exigiendo ese decreto ya.

Sólo con la lucha y la organización lograremos el aborto legal seguro y gratuito en el hospital, para que ni una mujer más muera en la clandestinidad.

Te invitamos a que te sumes, la organización no debe faltar aún en tiempos de cuarentena.

16 de Abril de 2020.-