Nacional / Nuevas Leyes educativas y de protección para niños/as y adolescentes

¿Ampliación de los derechos o vaciamiento de la función educativa?

¿Ampliación de los derechos o  vaciamiento de la función educativa?

Al asumir el gobierno en 2003, Néstor Kirchner describe a la Argentina devastada por la pobreza y la desocupación, situación agravada por el deterioro de la educación pública.
Luego de cuestionar la reforma educativa del menemismo presentó un proyecto de Ley consensuado con los sindicatos, los representantes del empresariado y el CONSUDEC (educación privada católica), a espaldas de los docentes y los estudiantes, que venían enfrentando y movilizándose contra la transferencia educativa, los cambios curriculares y los recortes presupuestarios.
La Ley Nacional de Educación de Kirchner-Filmus fue sancionada finalmente con el voto favorable del FPV, el PRO y la UCR y festejada como propia por la CTERA, el SUTEBA y todos los sindicatos docentes, cerrando así la posibilidad de que se pusieran siquiera en discusión los reclamos del sector.
Las promesas de la inclusión educativa, la extensión de la obligatoriedad de la secundaria y el nivel inicial hicieron agua rápidamente. Los alumnos de la “nueva secundaria” siguieron cursando en las precarias instalaciones que diez años atrás le había cedido la escuela primaria, o en viejos edificios que luego de años de falta de mantenimiento adecuado, se caen a pedazos.
No se construyeron ni una pequeña parte de los jardines necesarios para asegurar el acceso al nivel inicial y menos aún Jardines Maternales, que a la fecha en la mayoría de los casos solo figuran en los papeles.
El gobierno no volvió atrás la transferencia de las escuelas de nación a las provincias, que en tiempos de Menem habían sobrecargado los presupuestos provinciales. Tampoco quitó los subsidios a las escuelas privadas, que se habían extendido notablemente, beneficiadas por la política privatista, sino todo lo contrario, las reconoció como “públicas de gestión privada” fortaleciéndolas discrecionalmente.
De esta manera, sosteniendo la idea central del “libre mercado” cada padre puede “elegir” a qué escuela mandar a su hijo, a la pública, que debe suspender las clases por problemas de infraestructura, o conflictos por la falta de pago de los salarios de sus docentes, o a la privada, que también sostiene el Estado, pero que como cobra una cuota puede mantener su edificio en condiciones y tiene clase todos los días.

Se ha profundizado la fragmentación social y educativa

Los hijos de quienes pueden pagar, inician su educación desde el Jardín Maternal. Los hijos de quienes no puedan hacerlo, irán a una interminable lista de espera y a la hora de ir a la primaria no solo estarán en peores condiciones sino que tendrán menos días de clase.
¿Qué solución plantea el gobierno a este problema? La flexibilización curricular, cada alumno realiza trayectoria educativas según sus posibilidades. Si es el niño el que falta a clase por problemas de salud, de transporte, o ingresa tardíamente a la escuela, o el niño o su familia tienen problemas que requieren tratamientos, o ayudas económicas especiales y no tiene acceso, será incluido en la escuela y se adaptarán los contenidos a sus necesidades.
Los problemas sociales que antes le competían al área de bienestar social y salud, en el marco del derecho a la educación del niño, ahora deben ser asumidos como acciones “socioeducativas” por la escuela, que tomando la función de contención y cuidado, queda abocada a resolver situaciones que no están a su alcance, perdiéndose día a día el espacio que ocupaba la enseñanza de los contenidos (lengua, matemática, historia, geografía).
El Nuevo Reglamento de Instituciones Educativas y el Nuevo Régimen Académico son normas que, siguiendo las orientaciones generales de la Ley de Educación van en ese mismo sentido.
En todos los casos el estado desconoce la responsabilidad que le cabe de asegurar las condiciones de bienestar necesarias para todos y la hace recaer sobre la escuela y los docentes. De esta manera las nuevas leyes de protección a la infancia quedan reducidas a una contradictoria retórica.

La pérdida de la educación pública estatal, gratuita, científica y laica

Por eso denunciamos que estas leyes marcan un importante retroceso en relación al derecho universal a la educación pública estatal gratuita y científica, que dio lugar al acceso de los sectores populares al conocimiento, ya sea para la comprensión crítica de la realidad social, el acceso a un trabajo calificado, o los estudios superiores. Fue la juventud de estos sectores la que al ingresar revolucionó las universidades en los años 60 y 70, comenzando a plantearse la necesidad de poner la producción del conocimiento al servicio de las necesidades de la clase obrera.
También significa un retroceso la derogación completa de ley 1420, que aprobó el Congreso en 2014. El artículo 8 de la ley establecía con claridad la exclusión de los contenidos religiosos en el ámbito y horario escolar.
Si bien en la Argentina siempre hubo escuelas confesionales privadas, era clara la principalidad del Estado, como responsable de dirigir y sostener presupuestariamente, el sistema educativo a nivel nacional. Pero esta conquista siempre debió ser defendida.

La laicidad fue quebrada por todas las dictaduras. Primero en los gobiernos nacionalistas de la década del 30, luego durante una buena parte del gobierno de Perón y finalmente en las dos últimas dictaduras militares.
Parece anacrónico que hoy, en momentos en que se comienza a juzgar la actuación de la Iglesia Católica como parte del terrorismo de estado, se le abra la puerta de las escuelas. Ni hablemos del rol histórico que han sostenido en contra del desarrollo del conocimiento científico, el arte y la cultura.
Lamentablemente no nos sorprende, es parte de una tendencia que tanto el gobierno de Menem como el actual vienen desarrollando , obedeciendo en primer lugar a las exigencias de las Conferencias Episcopales, sobre el sostenimiento a la educación privada en igualdad de condiciones que la pública , a la vez de darle la libertad de desarrollar sus propios programas.

El actual gobierno ha avanzado en los “convenios público-privados” por los cuales hay centros educativos en los cuales Cáritas se arroga el derecho de selección personal directivo, como si fuera una institución privada. O constituyen redes municipales, con peso decisivo en las políticas públicas de acción social y educación.
También la Iglesia viene imponiendo funcionarios en la provincia de Buenos Aires, como el caso de Néstor Ribet, a cargo de la gestión en la DGCyE desde el 2014 por recomendación de Monseñor Aguer.
Ribet, al igual que Sergio España, asesor de la transferencia educativa en tiempos de Menem, forman parte del equipo que acompaña al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y actual candidato a la presidencia Daniel Scioli.
Se puede pensar entonces en una profundización de las políticas de mercantilización del derecho a la educación y al empobrecimiento de la escuela estatal, que desbordada caerá bajo el disciplinamiento de quien más sabe del tema, la Iglesia Católica.

¿Estamos en pleno siglo XXI revisitando el pasado?

En plena crisis económica, con nuevos formatos y nuevos discursos, surge un Papa argentino y moderno como Francisco, pero con la misma tarea que siempre se le encomienda a la Iglesia Católica, ser la cruz que acompaña a la espada.
Aprovechemos que se ha vuelto a poner en discusión la reforma educativa para denunciar el carácter engañoso de la actual legislación, para que cada abrazo a una escuela, movilización por salario, presupuesto o contra las reformas curriculares, signifique una presión para imponer que CTERA, SUTEBA y todos los sindicatos docentes y estatales luchen por su completa derogación. Tomemos en nuestras manos la discusión de la educación que queremos para nuestros hijos, los hijos de los trabajadores.
Es necesario nacionalizar el sistema educativo, sacándoles los subsidios a las escuelas privadas y volcando todos los recursos presupuestarios necesarios para que el derecho a la educación sea una realidad.

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