Nacional / Si hay para la Policía, que haya para todos

AUMENTO GENERAL DE SALARIO  ¡YA!

AUMENTO GENERAL DE SALARIO  ¡YA!
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Se picó. La crisis se agudiza, crecen las peleas entre los sectores de poder, y también la resistencia del pueblo trabajador, a pesar de las direcciones, sindicales, sociales y políticas que actúan como muro de contención para la bronca que crece junto con las necesidades. Mientras los casos y muertos por COVID-19 siguen aumentando día a día (ver página 5) y ya hay provincias en colapso sanitario (ver página 4), el “clima social” se caldea, y la imagen de estabilidad y unidad nacional del principio de la pandemia parece ser de años atrás.

El ejemplo más mediático de la convulsión de la semana es la polémica protesta policial, pero no es la única, ni la más masiva: las tomas de tierra pusieron en el centro de la escena la urgencia del problema habitacional de cientos de miles de familias, un problema histórico brutalmente agudizado por el salto en la crisis económica, el aumento de la desocupación y de los niveles de pobreza (ver página 3).

La respuesta tanto del Gobierno como de la oposición Vamos Juntos, es la misma: las tomas son delito y la Justicia y Fuerzas de Seguridad tienen que actuar. Aunque voces disidentes a esta idea dentro de la alianza gobernante, como la del dirigente del MTE, Juan Grabois, no pasaron de declaraciones, sin organizar ningún apoyo activo a las tomas que están amenazadas de desalojo.

Otro ejemplo significativo son las movilizaciones frente a la Comisaría de Moreno, por el crimen de Ludmila. La familia y las amigas y amigos se movilizaron para pedir justicia, tomaron el problema en sus manos y lograron que encontraran al principal sospechoso (ver página 9).  Hicieron lo contario a lo que hacen las direcciones del movimiento de mujeres que, frente a una agudización brutal de la violencia con la pandemia, solo hacen silencio o dan mensajes de apoyo al Gobierno.

La protesta polémica

Al desatarse la crisis de la Bonaerense, se lleva todas las miradas por el simple hecho de que rompe con la “normalidad” de la sociedad capitalista. Esa normalidad es que existe un poder económico y político que defiende y garantiza “sus reglas” y sus intereses, a través de su brazo armado, que son las llamadas Fuerzas de Seguridad.

Las escenas frente a la Quinta de Olivos y la casa de Axel Kicillof sirvieron para agitar el fantasma del golpe, reavivado por las declaraciones de Duhalde hace pocas semanas, y para que amplios sectores salgan a respaldar al Gobierno, como si lo que estuviera en juego fuera la “democracia”.

Desde el PSTU tal como ya hemos publicado, no descartamos completamente que la burguesía esté pensando en el mediano largo plazo la posibilidad de un golpe, como una posible salida a la tremenda crisis en que estamos y que se profundizará. Temen más que nada a la rebelión popular, por lo tanto no descartan ninguna hipótesis para frenarla.

Pero confundir eso con esta protesta policial que tiene como principal punto un salario congelado desde 2019, es caer en la trampa en que nos quieren hacer caer, de que estamos ante un gobierno “progre” hostigado y limitado por “la derecha”, cuando en verdad todo el arco de la oposición salió a repudiar la forma de la protesta policial.

La Policía, como el resto de las Fuerzas de Seguridad, es una institución corrupta, partícipe necesario de los más aberrantes delitos (como las redes de trata, el narcotráfico, el gatillo fácil, etc.) y la que, por orden del Estado y los intereses patronales que representa, nos pega cuando salimos a pelear. Para nosotros no hay discusión sobre eso. Por lo tanto, nuestro objetivo como organización revolucionaria es desmantelar todo el aparato represivo. En esto deberíamos tener acuerdo todas las organizaciones o militantes individuales que nos consideramos revolucionarios.

Entonces la polémica es ¿qué es lo que más favorece a ese objetivo?: ¿que se mantenga estable y sin fisuras, respetuoso de la cadena de mandos el brazo armado del enemigo?, ¿o que esa cadena se rompa y haya crisis en el seno de esa institución? Para nosotros no hay duda, la crisis en una institución fundamental del enemigo lo debilita y por lo tanto favorece al pueblo trabajador. Por eso defendemos el derecho a la rebeldía por parte de la baja oficialidad, porque va contra la propia esencia de la institución, basada en la jerarquía y en la disciplina (ver página 6). Repudiarlo, como hizo la inmensa mayoría de la izquierda es, en los hechos, defender el funcionamiento “normal” de esa institución burguesa para garantizar la represión estatal.

Es razonable que el primer instinto de cualquier luchador o luchadora sea el del odio a la Policía en todas sus formas, porque ese odio se basa en los cientos de Facundos y en todos los palos y gases que nos comimos tantas veces. Pero transformar eso en la política de una organización revolucionaria, abroquelando al enemigo en lugar de fomentar su crisis, es caer en una defensa de la institucionalidad inadmisible para organizaciones que así se reclaman.

¿Eso quiere decir que, para profundizar esa crisis, hay que apoyar todos los puntos de los pedidos policiales? No, los puntos que implican las no sanciones por casos de gatillo fácil o abuso policial hay que repudiarlos, así como todas las expresiones en favor de la impunidad que se mencionaron por parte de los voceros. Apoyar el derecho a protestar de la Policía no significa embellecerla o desconocer su carácter.

Unir, profundizar y radicalizar las peleas

Saliendo de la polémica, hay un hecho de la realidad: a la Policía Bonaerense le darían un aumento de más del 30%. Y si se lo dan a ellos, con la argumentación de que el salario estaba atrasado, nos tienen que dar a todos. Eso es lo que está planteado: aumento general de salarios YA.

¿Dicen que no tienen plata para tanto? Que dejen de pagar ya mismo los intereses de la Deuda, apliquen impuestos a los bancos, a la especulación financiera y a las grandes empresas, petroleras y mineras. Van a ver cómo ahí sí hay plata para el aumento de los trabajadores de la salud y de todos los sectores.

Está visto que ni siquiera algo tan evidente, como que es el momento para pedir aumento de salario, lo van a hacer por propia voluntad los dirigentes sindicales y sociales que tienen una actitud cada vez más servil al Gobierno y las patronales. Tenemos que organizarnos para obligarlos o pasarlos por encima.

Tomemos el ejemplo de lo que pasó en la seccional del Sindicato de la Alimentación de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en la que delegados fueron a la Seccional del Sindicato y obligaron a la conducción a entregar la Seccional, ante la falta de rendición de cuentas, y el rotundo fracaso de una medida de fuerza que generó el despido de numerosos trabajadores.

Necesitamos romper el cerco que ponen las direcciones a las peleas para aislar y dividir. Unificar la pelea por salario con la defensa de las tomas de tierras, contra los desalojos y la criminalización y por el derecho a la vivienda. No alcanza con decir que no es delito. Que sea  parte fundamental de un pliego único de reclamos el problema de la salud, exigiendo medidas urgentes para frenar el colapso. La lucha contra la violencia machista también debe incluirse en la pelea que los trabajadores y trabajadoras tenemos que dar de conjunto.

El primer paso es hoy, desarrollar la mayor solidaridad con las tomas de tierras y contra el desalojo, con los trabajadores y trabajadoras de la salud que denuncian sus condiciones de trabajo nefastas en todo el país, con los estatales de Chubut y todas las luchas en curso, entre las que se encuentran la de los portuarios, los mineros de la mina Mansfield,  los trabajadores y trabajadoras de Klaukol y sigue la lista.

Unificar, profundizar y radicalizar todas las peleas, es la tarea por delante, tomando los problemas en nuestras manos y rebelándonos contra la “nueva normalidad” que nos quieren imponer, de la mano del FMI: más contagios, más ajuste, más miseria, más explotación y represión para los trabajadores y trabajadoras.

 

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