¿Con los K se terminó la impunidad?

Escrito por pstu

12 marzo, 2016

A lo largo de décadas, el pueblo trabajador llevo adelante luchas históricas y masivas por el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles. Los organismos de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas, HIJOS, asociaciones de exdetenidos-desaparecidos, estaban en la primera fila de las luchas de los trabajadores y mantenían su independencia política de cualquier gobierno de turno.
En el 2001 los trabajadores le dijimos basta al ajuste brutal que nos imponían, y el kichnerismo, al llegar al poder, por la presión de las luchas que se habían abierto en los esos días de diciembre debió implementar algunas medidas a favor de los trabajadores como la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final1.
Esto confundió a muchos organismos de derechos humanos que se alinearon con el kichnerismo, perdiendo su independencia política, y que no pudieron ver que estas eran conquistas arrancadas por la movilización de los trabajadores. Además hubo una política de cooptación de estos organismos mediante el otorgamiento de subsidios. De esta forma, las Madres de Plaza de Mayo de la línea de Hebe de Bonafi, por ejemplo, que eran un emblema de lucha, pasaron a apoyar y ser cómplices de un gobierno que siguió violando los derechos humanos en democracia. Nuestros queridos pañuelos blancos se mancharon de complicidad y corrupción, como en el famoso caso del plan “Sueños compartidos”.

Lo que se podría haber hecho

Durante la Dictadura Militar funcionaron 600 centros clandestinos de detención en los cuales participaron alrededor de 200.000 represores, de los cuales sólo han sido procesados 2.100 y condenados unos 650 por unas 3.800 víctimas. Es decir, que hay apenas un condenado por cada centro clandestino de detención.
De los represores condenados, el 68% cumple prisión domiciliaria, hay 300 que fallecieron antes de ser juzgados, 62 fueron absueltos y hay más de 60 prófugos.2 El kichnerismo tuvo el poder para acelerar los juicios, abrir los archivos de la Dictadura para proveer de pruebas, sin embargo, no lo hizo y así beneficio a los genocidas que reciben beneficios de prisiones preventivas domiciliarias o en geriátricos, en regímenes que nadie controla, o bien excarcelaciones por motivos de salud o por incapacidad.
Para acelerar los juicios, los mismos deberían hacerse por campo de concentración y no que cada familiar de desaparecidos deba probar quienes estuvieron implicados en la causa.
Además, los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El kichnerismo nunca entregó las listas de los genocidas que actuaron en cada campo de concentración. El Poder judicial no investiga ni aporta pruebas para juzgarlos.
Y aún falta juzgar a la totalidad de los cómplices civiles del genocidio: los empresarios como los Macri, principales beneficiados del Golpe de Estado, los dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que apoyaron a la Junta Militar.
La no apertura de los archivos también implica que no se conozca el destino de los compañeros desaparecidos y no se pueda recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados. La política del kichnerismo, en este sentido, siempre fue que quienes tuvieran dudas sobre su identidad se ocuparan de buscarla, poniendo nuevamente la carga de la prueba en las víctimas.
Asimismo, si se abrieran los archivos sería posible descubrir infiltrados en las organizaciones políticas, como se demostró con los agentes del Batallón 601 Gerardo Martínez y Raúl Tarifeño de Neuquén.
Por otra parte, el auge de la contradicción del gobierno de los DD.HH llegó cuando nombró al frente de las Fuerzas Armadas a Cesar Milani. Este nefasto personaje ya había sido denunciado en 1984, en el informe de la CONADEP3 de La Rioja, por su participación en el Operativo Independencia4, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, en el secuestro y tortura de Pedro Adán Olivera y a su hijo, Ramón Alfredo, y en el secuestro y tortura de Verónica Matta y el periodista Schaller. Así, Milani fue un ejemplo paradigmático de los miles de represores que permanecieron en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la Dictadura.

Continuar la lucha

En conclusión, aunque muchos compañeros que se reivindican kichneristas sean fervientes luchadores contra la impunidad, lo real es que el gobierno k tuvo la oportunidad histórica de terminar con la misma, y no lo hizo, pues para ir realmente a fondo es necesario tocar todos los sectores de poder, aun a los que el propio PJ y kichnerismo representa.
Por ello, para terminar realmente con la impunidad, tenemos que continuar la lucha por ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los militares que actuaron en la dictadura y todos los cómplices civiles! ¡Ningún privilegio a los represores condenados! ¡Apertura de todos los archivos de la dictadura!

Notas
1 Estas leyes sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín impedían que se juzgara a los militares.
2 http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2016/01/siguen-los-decesos-impunes-ni-uno-menos.html
3 Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.
4 El Operativo Independencia fue un operativo militar llevado a cabo en Tucumán en 1975 de persecución y asesinato de los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

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Escrito por pstu

12 marzo, 2016

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