Desde hace varios días podemos observar el repudio, que cada vez toma más fuerza, a la quema que está ocurriendo en el Delta del Paraná. Esto, afecta no sólo al ecosistema natural de los humedales, sino también la salud de los pueblos y ciudades de la ribera y alrededores.
El humo se apodera de las calles como una densa niebla, trayendo grandes consecuencias para la salud de los residentes que tiene que convivir con los gases producidos por la quema permanente.
La Universidad de Rosario (UNR) calificó el hecho como uno de los mayores desastres ecológicos. Como consecuencia, aumentan las consultas y hospitalizaciones por problemas respiratorios y otros síntomas derivados de la intoxicación diaria. Advirtieron, a través de un estudio, que su prolongación a largo y mediano plazo conllevará a mayores padecimientos respiratorios y cardiovasculares que puede derivar en enfermedades fatales como el cáncer.
Es un ecocidio que implicará consecuencias inmediatas para toda la comunidad que vive de la pesca y los alimentos del río. El Paraná es un recurso natural de agua dulce indispensable para el país. Su contaminación permanente y su destrucción traerán resultados severos en los próximos años. El daño generado sobre la biodiversidad ya es irreversible.
Un triple “lobby”: agroindustrial, inmobiliario y minero
Las quemas comenzaron a intensificarse bajo el período de restricción sanitaria en el 2020 y continúan en alza al día de hoy. La cifra ya sobrepasa el millón de hectáreas afectadas.
El origen de esta catástrofe no es otra que el resultado de la acción humana. La quema de pastizales es una técnica que la agricultura ha utilizado a lo largo de los años. Ésta permite preparar los suelos para la siembra. El fuego quema las raíces y toda la vegetación, permitiendo el crecimiento de nuevos pastos. Si bien, está práctica es favorable para la agricultura, la emisión de carbono contribuye al calentamiento global. El carbono no puede ser absorbido gracias a la destrucción de los bosques y las reservas naturales, acelerando así el cambio climático.
El monocultivo de la soja transgénica de Monsanto provoca profundos efectos negativos. Su siembra se ha extendido de forma exponencial desde 1996 (año de su introducción en el país), hasta la actualidad. Alcanzando una cobertura del 60% de la superficie sembrada y dejando de lado otros tipos de cultivos, cómo el trigo o el girasol que van en descenso. Su siembra produce una mayor erosión de los suelos que el resto de las semillas. Para su crecimiento se utilizan herbicidas de grandes concentraciones tóxicas que exterminan todas las “plagas” que puedan presentarse durante el proceso.
El crecimiento de la demanda en la exportación representa una necesidad imperiosa para el agronegocio, de conseguir nuevos suelos para su cultivo. Estos suelos son obtenidos mediante la quema.
Los incendios de los terrenos favorecen, también, al mercado inmobiliario que termina expulsando a las comunidades isleñas y apoderándose de las tierras para su comercialización, como sucedió en Nordelta. Un tercer beneficiario son las mineras, por ejemplo, poniendo en peligro los humedales altoandinos frente a la explotación del litio.
El Delta y el agronegocio
En el caso de los actuales incendios en el Delta, estas nuevas tierras, fértiles y ricas en nutrientes representan una nueva oportunidad ganancial para un puñado de productores, empresarios y terratenientes, con la complicidad de los municipios y el Gobierno Provincial.
Desde junio del 2020 se inició una causa contra Rufino Pablo Baggio. Dueño de la empresa Baggio y más de 30 mil hectáreas en la zona del Delta. No sólo por esta investigación, sino además, por otros incendios forestales ocurridos en otras localidades de Entre Ríos. Investigaciones judiciales que duermen en los cajones de la Justicia.
Imágenes satelitales demuestran donde inician y se concretan los focos de los incendios, dejando al descubierto sus dueños y autores.
Los incendios son seguidos con solicitudes, en los municipios, para la explotación de las tierras con fines ganaderos y agricultores. Por lo que, este modelo productivo no sólo es aceptado por las autoridades locales y provinciales, sino que además son participes de éstos. Cómo el caso del intendente de Victoria (Entre Ríos), Domingo Maiocco, quien es dueño de diez explotaciones agro ganaderas en los humedales.
La respuesta del Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, fue la de sólo un “pedido” a la Justicia. No toma cartas en el asunto, cajonea la Ley de Humedales y sólo realiza declaraciones públicas.
La Ley de Humedales
Dicho proyecto de Ley propone una regulación para frenar el avance empresario sobre los humedales, sin planificación ni control. Las medidas “disciplinarias” que podrían implementarse son sólo de carácter económico. Tendrían que pagar un pequeño porcentaje en relación a la ganancia que sigue dejando la práctica, por lo que sigue siendo un modelo rentable y lejos de encuentra de “desalentarlo”. Además, ninguna cifra es suficiente para reparar el daño material, ambiental y humano que está ocasionando. Como vemos la sanción de la Ley de Humedales no constituiría una solución de fondo, pero sería al menos un punto de apoyo para seguir la pelea contra la voracidad empresarial.
Desde el 2013 hasta hoy, el proyecto que busca proteger los humedales perdió estado parlamentario tres veces, por acción del triple looby con la complicidad de los legisladores que actualmente son parte del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. La última vez fue durante el año en curso, a pesar de que el spot de campaña del Gobierno de Alberto Fernández prometía la sanción de la Ley.
Los proyectos presentados hasta el momento, suponían la necesidad de establecer presupuestos mínimos para la conservación, uso racional y sostenible en los humedales de todo el país. Pero en la mayoría de los proyectos se estipula un plazo limitado de cinco años, con posibilidad de postergación, sólo para realizar un inventario sobre el territorio en cuestión. Es decir, cinco años más de quema, explotación y saqueo. Si tenemos en cuenta que este año ya se afectaron más de 65 mil hectáreas, no quedará territorio que evaluar para ese entonces, involucrando a la zona del Delta, cada vez más arrasada.
Las consecuencias son inmediatas y son irreparables
Es de carácter urgente que se ponga fin a los incendios ya. Tampoco podemos seguir permitiendo que se contamine y se destruya los recursos de agua potable, sabiendo la escasez que representa a nivel mundial. No podemos permitir el avance sobre el ecosistema natural ni las comunidades isleñas que la habitan.
Necesitamos sanciones penales inmediatas para los culpables y expropiación de las tierras en cuestión. Tierra quemada tierra expropiada. Un recurso natural tan importante para la humanidad no puede tener propiedad, deben ser de dominio público bajo el interés de su preservación. Poniendo al Estado como único garante para ello.
Basta de la dependencia de la soja. La desindustrialización del país dio pie a al avance de la “sojización”. Una cosecha que sólo se utiliza para su exportación. La siembra debe ser nacionalizada y debe responder a las necesidades alimentarias de la población. Tenemos que tener acceso a una alimentación saludable y de calidad. Las tierras deben estar al servicio de eso.
Es urgente terminar con el sistema productivo capitalista actual, que sólo ve la búsqueda de ganancias a costa de la aniquilación de especies, ecosistemas y localidades.
Estas medidas deben ser parte de un plan obrero y popular que permita planificar racionalmente el uso de los recursos naturales, alimentarios, energéticos al servicio de las mayorías populares y eso solo puede hacerlo un gobierno de trabajadores.