A mediados de febrero, en un acto encabezado por Alberto Fernández, junto con el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Gobierno Nacional anunció la construcción de 100 escuelas técnicas en el país. A partir de esta noticia, queremos abrir el debate sobre qué tipo de educación técnica necesitamos para el desarrollo de un país independiente y para los trabajadores.
Breve historia de la técnica argentina
La enseñanza de oficios fue iniciada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La primer escuela creada para este fin fue el Otto Krause en 1899.
Con el transcurrir de las décadas, la educación técnica fue nucleada por distintos organismos, en el marco de una visión de desarrollo industrial del país. Esto coincide con los objetivos y visiones de la burguesía nacional de ese momento, que precisaba de obreros calificados para las redes de telecomunicaciones, transporte, petróleo con una YPF estatal, Gas del Estado y demás necesidades.
El desmantelamiento llegó en los ´90 y se profundizó con el gobierno peronista de Carlos Menem, con los planes educativos del Banco Mundial y la descentralización allí planteada. Así se dio un fuerte golpe recortando las orientaciones de 6 a 3 años en el Polimodal y degradando así los títulos.
Esta reforma tenía un objetivo claro: Argentina ya no estaba en un plan de industrialización, sino que debía incorporarse al sistema mundial de producción para el expolio de materia prima. Para ello no requería entonces mano de obra calificada en oficios. Y si la requería, sería a través de la educación superior, para quienes podían acceder a ella. Una verdadera muralla para el acceso a la educación de los trabajadores.
En 2005, se sanciona la ley de Educación Técnico Profesional 26.058 (ETP), hoy en día incluida en la LEN (Ley de Educación Nacional) y que es la que continúa vigente.
Una ETP orientada a las necesidades empresariales
Con relación al financiamiento, la ley crea el Fondo Nacional para la ETP. Este prevé un monto anual que no podrá ser inferior al 0,2 % del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el sector público nacional. Este Fondo además puede incorporar aportes de personas físicas y jurídicas, así como de otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional. Abre la puerta al financiamiento privado.
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) es el órgano del Ministerio de Educación que administra ese fondo. Elabora sus propuestas en consulta permanente con el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP) integrado por entes gubernamentales, cámaras empresarias y sindicatos. Aquí las cámaras empresariales tienen un peso importante a la hora de definir orientaciones y planes de estudio, quienes además de financiar, crean las prácticas profesionalizantes.
Es importante contar con prácticas profesionalizantes. Salir del secundario y enfrentarse al mundo del trabajo es muy difícil, sobre todo en un marco de fuerte precarización e irregularidad. Pero esas prácticas no deben significar mano de obra barata para las empresas que tratan de cadetes a los practicantes y no les brindan ningún derecho laboral.
Como vemos, en las decisiones educativas tienen un fuerte peso las industrias, pero nulo peso los estudiantes, que no forman parte de ninguno de los entes de decisión. Los “beneficiarios” no tienen ni voz ni voto. Esto se debe a que la prioridad en la orientación, es la necesidad empresarial. La misma que explota hasta la destrucción de la salud a sus trabajadores, mientras se llevan ganancias millonarias. ¿Las escuelas entonces, deben crear mano de obra para estas empresas que no dejan nada en el país?
La educación que necesitamos
El objetivo es preparar nuevos jóvenes, nueva mano de obra, que respondan a los requerimientos productivos de las industrias nacionales y multinacionales. El nuevo proyecto quiere profundizar mucho más en este objetivo intentando adelantarse a las demandas futuras, adaptando la oferta educativa con capacitación constante.
Teniendo en cuenta que la financiación puede y viene, una parte, de sectores privados y que el objetivo es adaptarse a sus exigencias laborales, está claro que serán ellos quienes dicten cómo adaptar la oferta según su conveniencia. La cual no siempre se termina convirtiendo en empleo asegurado. Que estas empresas interfieran en la educación no significa que aseguren puestos de trabajos inmediatos a los recibidos o que, si lo hacen, lo hagan en condiciones dignas.
¿Por qué pasa esto? Porque el sistema de producción capitalista reinante, no responde a una planificación estratégica ni mucho menos acompaña las necesidades de la sociedad. Se rigen por la búsqueda constante de una mayor rentabilidad posible a costa de la explotación de la clase trabajadora.
No se produce lo que la sociedad necesita, se produce lo que el sistema de ganancias dicta. Las tasas de desempleo juvenil son cada vez más altas en nuestro país. Según resultados del 2021 realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), entre un rango de 14 a 29 años, la desocupación en mujeres alcanza el 24,9%, mientras que el de varones asciende al 17%. Las empresas no solo piden que los ingresantes estén calificados en conocimientos previos sino también que tengan experiencias comprobables de al menos dos años en puestos similares. Algo imposible para una persona que acaba de finalizar el secundario. Esto sin tener en cuenta la situación de las mujeres, que poseen los empleos peores pagos con una brecha salarial a la baja en relación a los varones. Además, el acceso a trabajos industriales de mejores condiciones salariales es casi imposible y muchas veces se manejan por cupos limitados. Por ejemplo, la minería, petróleo, metalúrgicas, entre otros.
La construcción de nuevas escuelas técnicas es algo muy necesario, pero ¿para qué? o ¿para quién?
Necesitamos un plan de industrialización de manera urgente. No podemos seguir permitiendo que sean las multinacionales quienes se llenen los bolsillos a costa del usufructo de nuestros recursos naturales y de nuestra explotación. Es imperioso, un plan de estatización de las fábricas para disponer de una producción planificada que responda a las necesidades del pueblo trabajador en su conjunto.
El sistema educativo y sobre todo las escuelas técnicas deberán estar sujetas a esto, sólo así se logrará no sólo responder a las especificidades de cada región, sino además combatir el desempleo vigente. Para ello debemos romper con los planes educativos del imperialismo, u organismos internacionales y que los trabajadores, en conjunto con los estudiantes y sus organizaciones sean quienes decidan los planes de estudio, evaluación, y ejecución presupuestaria, en beneficio del desarrollo de un país independiente.
No podemos seguir permitiendo la expoliación de nuestros recursos. Todos los desastres ambientales presentes tienen su explicación en el abuso desenfrenado de las multinacionales, el agro negocio y el negocio inmobiliario. Todo esto a costa de nuestro padecimiento, pobreza y hasta muerte. Es menester tomar todas estas tareas en nuestras manos, ya que somos los únicos capaces de encontrar una nueva organización social, un estado obrero, capaz de responder a todas nuestras demandas para poner fin a las desigualdades económicas.