El gobierno de Rafael Correa presentó un nuevo proyecto con el fin de reducir la cantidad de embarazos adolescentes: el Plan Nacional de Fortalecimiento de la Familia. Éste se centra en la educación en “valores” con el objetivo de posponer el inicio de las relaciones sexuales y viene a remplazar al anterior plan, Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA), cuya principal iniciativa era la distribución gratuita de métodos anticonceptivos entre los jóvenes. Programa que el presidente consideró “totalmente equivocado” demasiado “hedonista”, refiriéndose a que incitaba a la sexualidad y que hubo “excesos terribles” y “una agenda abortista y gay”.1
La encargada de decidir los contenidos será la médica Mónica Hernández (ver foto) funcionaria del gobierno de Correa desde 2013, quien ya a finales del año pasado se había pronunciado en contra de una línea telefónica gratuita que brindaba información sobre anticoncepción y educación sexual. Las posturas de esa funcionaria no son casuales, pues está vinculada al Opus Dei, uno de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, apoyado por grandes empresarios a nivel mundial.
Este salto hacia atrás es una muestra más de cómo actúan estos gobiernos “progresistas”, que así revelan no tener nada de izquierda aunque se presenten como tales. En Ecuador, por ejemplo, desaparecen mujeres, como nuestra compañera Carolina; solo el año pasado hubo cerca de 100 femicidios; el aborto está penalizado aun en caso de violaciones o riesgos de salud (y se inician más de 100 causas penales por año por realizarlos); el 25% de las mujeres ha sufrido al menos un hecho de violencia sexual y el país es zona de tránsito importante de las redes de trata.
El gobierno de Correa en vez de avanzar en el cumplimiento de los derechos de las mujeres, jóvenes, trabajadores y pobres, elimina la entrega de anticonceptivos y promueve la abstinencia sexual. ¡Quiere imponer a toda la sociedad los valores del Opus Dei!
Con esa política el gobierno y el estado de Ecuador en sintonía con la Iglesia, colocan a los jóvenes y sus familias como culpables por los embarazos adolescentes y se desentienden de la terrible situación social de la cual son responsables.
Por supuesto es necesario que el Estado tenga políticas de contención para los jóvenes y sus problemáticas, pero éstas deben partir del respeto de su derecho a decidir y gozar libremente de la sexualidad. Para eso el Estado debe garantizar una educación sexual científica independiente de cualquier credo, una anticoncepción gratuita y adecuada y el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que en verdad solo está prohibido para quienes no pueden pagarlo en el circuito privado.
Todo lo contrario de lo que propone el gobierno de Correa. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones que defienden los derechos de las mujeres trabajadoras y los derechos humanos, deben denunciar y rechazar esa política, aunque simpaticen con el gobierno ecuatoriano.
Desde Lucha Mujer y el PSTU te convocamos a organizarte con nosotros para llevar adelante esa tarea.
Notas:
1 Citas del periódico “El Universo”, 2/04/2015.