Intendente salteño del FPV imputado por fiesta sexual con menores.

Escrito por Bettina Valmonti

11 febrero, 2015

Primero circularon las fotos. En una de ellas un hombre mayor, con el torso desnudo, ríe y sostiene un Tetra Brik mientras abraza a una chica menuda; en otra se ven dos chicas en bombacha y corpiño jugueteando en un jacuzzi. Las imágenes son del intendente de El Bordo, localidad ubicada a 60 Km de Salta Capital. Juan “Chicho” Mazzone, de 62 años, era ya conocido localmente por sus agresiones verbales a otros funcionarios y declaraciones xenófobas, pero ahora su triste fama alcanzó proyección nacional. El intendente, frente al escándalo sostuvo que “no iba a renunciar ni en pedo” y argumentó confusamente que había prestado su casa para una fiesta de fin de año de remiseros de la localidad y que ese día “hacía un calor de la mierda”. También dijo desconocer si las participantes eran menores, “no sé ni quién puta son”, ya que él no estaba involucrado con ninguna.1 Esto derivó en el procesamiento del funcionario por corrupción de menores. Además tras conocerse este caso, la AFIP realizó un operativo en las fincas propiedad de Mazzone, en el que se labró un acta por trabajo ilegal, ya que se comprobaron severas irregularidades entre los 60 empleados , a los que se pagaba $150 diarios por encañar tabaco 16 horas al día.2

Salta, “la impune”

En setiembre de 2014 Salta declaró la emergencia por violencia de género por la alta cantidad de casos de femicidios (17 registrados en 2014), desapariciones (entre las que se encuentra María Cash que falta desde 2011) y donde muchas mujeres fueron víctimas directas o indirectas de la trata de personas que aun esperan resolución judicial, entre ellas la maestra rural asesinada Evelia Murillo, quien defendió a una alumna ante un intento de violación. Según la prensa del poder Judicial, desde 2006, cuando se aprobó la Ley provincial N°7403 de protección de víctimas de violencia familiar, hubo 103.325 denuncias y los nú- meros continúan en ascenso. Salta está a la cabeza de los femicidios, junto con Santa fe y Córdoba. Pero una característica de las muertes en los casos salte- ños en los últimos años revela que aumentó el índice de abusos sexuales seguidos de muerte. Las mujeres jóvenes y de pueblos originarios son las más vulnerables.3

El FPV protege la corrupción y la inmoralidad

En agosto de 2013 el intendente de Carlos Mazza, Carlos Villalba fue sorprendido por la AfIP en un prostíbulo vinculado al tráfico de personas, durante un mega-operativo contra la trata en Salta Capital. Su municipio terminó intervenido pero el gobernador Juan Manuel Urtubey, ferviente católico, avaló a Villalba para que se presentara a los comicios de ese año. En el caso de Juan “Chicho” Mazzone la Gobernación emitió un blando comunicado en el que condena ese tipo de conductas, pero agregando que “en Salta nadie es impune ni nadie es culpable sin el veredicto de la Justicia”. Por su parte el titular del foro de Intendentes, Sergio “Topo” Ramos, lejos del repudio, justifi có al intendente Mazzone: “tiene que ver con la idiosincrasia y la forma de ser de cada uno”, dijo. Los funcionarios nacionales del FPV y la presidenta Cristina K, al igual que la Iglesia, se llamaron a silencio. Movilizarnos para exigir la renuncia del intendente y contra la impunidad El acoso y la violencia sexual, la trata, los femicidios, no son patrimonio de Salta ni se reducen al FPV. Como ejemplo está la reciente detención del ex intendente de La Banda y actual concejal massista santiagueño, Eduardo “Chabay” Ruiz, con tres denuncias por violaciones. En Salta , ante la presión social el arco opositor patronal ha exigido la intervención de El Bordo. Al cierre de esta edición, se concretaba esa intervención que signifi ca que se disuelve el Concejo Deliberante y se designa un interventor elegido por el mismo gobernador que cobija a esos corruptos. Desde el FIT, Graciela Jorge, concejal del PO exigía correctamente la inmediata renuncia de Mazzone para que se pueda investigar a fondo. Pero el fi n de esta impunidad no se logrará en los parlamentos sino con una gran movilización de toda la sociedad. Tampoco puede se tarea de las agrupaciones de mujeres. Si nuestra clase , hombres y mujeres, no sale a pelear en forma organizada seguirán gobernando estos infames: las María Cash pueden ser nuestras hermanas o hijas. El FIT debe ponerse a la cabeza de exigir que los sindicatos, centros de estudiantes y agrupaciones de derechos humanos asuman esa responsabilidad.

Notas:

1 El Tribuno de Salta, 8/01/2014

2 Encañar significa atar panes de hojas de tabaco, trabajo insalubre por los plaguicidas.

3 Datos de la ONG Casa del Encuentro, Página 12, 23/01/2014

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Escrito por Bettina Valmonti

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