JUICIO 18D: ALEGATO DE MARTÍN ALDERETE PIDE LA ABSOLUCIÓN

Escrito por pstu

26 octubre, 2021

En el día de hoy, en una de las últimas audiencias del juicio contra Daniel Ruiz y César Arakaki por los hechos del 18 de diciembre de 2017, fue turno del alegato del abogado defensor de Daniel Ruiz, Martín Alderete, integrante de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo)

El mismo comenzó planteando lo sesgado del alegato de la Fiscalía, realizado el lunes pasado, y el hecho de que, en el mismo, y en el desarrollo de todo el juicio, no se habían podido comprobar ninguna de las acusaciones de los imputados.

Respecto del contexto de los hechos

Planteó que el análisis de la Fiscalía, no se condice con lo que pasó: el 14 y 18 de diciembre de 2017 estaba planteada la votación de una Reforma Previsional y luego una Laboral que recortaban derechos laborales y sociales, y refirió a una nota del fallecido periodista Marcelo Zlotogwiazda aparecida en Infobae el 15 de diciembre de 2017 en la que explicaba que  el proyecto que se votaría implicaba la reducción del 1% del PBI respecto del gasto previsional y citaba una encuesta de que el 75% de la población estaba en contra de ese proyecto.

El 14 de diciembre la fuerza preponderante fue Gendarmería que empezó a tirar gases y balas de manera indiscriminada, no solo a los manifestantes sino también a diputados, resultando algunos de ellos con heridas menores. Ese 14 de diciembre fue lo contrario al respeto por el derecho a la protesta que la Fiscalía dijo asumir. Hubo un salvaje accionar represivo que hasta ocasionó un malestar en el presidente Macri con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que generó que el día 18 el operativo estuviese a cargo de la Policía de la Ciudad.

Respecto de las acusaciones específicas

Refirió a que, según la imputación se le achaca haber participado de una sucesión de ataques junto a Cesar Arakaki, Dimas Ponce, Sebastián Romero y Mariano Stanciola, entre otros. Pero cuando se habla de esa participación en común no se dice cuál es el vínculo, ni se probó en verdad los hechos que relacionan a cada uno de los imputados, dado que ocurrieron en horarios y lugares distintos. Hubo investigación, se intervinieron los teléfonos de Daniel Ruiz, de los detenidos, se hicieron seguimientos, análisis de redes sociales personales y aun así no se encontró ninguna prueba. Por lo que este accionar coordinado no tiene ningún respaldo, el único indicio es que formaron parte de la misma movilización junto a miles y miles.

Seguido a esto explicó que no hay una sola prueba que vincule a Daniel con las acciones que se nombran en la acusación. Lo único que lo involucra es haber participado en la movilización y estar en algún momento frente a la columna policial: no hay una sola imagen que pruebe que cometió daño patrimonial, ni lesiones de policías que puedan ser atribuidos a su accionar, ni fueron tiradas las vallas en el lugar de la plaza en donde estaba ubicado.

Sobre la acusación de el disparo de dos proyectiles con arma de fabricación casera, desarrolló que la construcción de esa acusación es falsa. La policía denunció que Ruiz utilizó un artefacto pirotécnico, la Fiscalía de instrucción imputó con utilización de arma de fuego sin dejar en ningún expediente de dónde sacó esa conclusión, ni peritaje, ni pesquisa. Frente a la falta de pruebas luego cambiaron la acusación de arma de fuego a elemento pirotécnico, no explican por qué y no hay un solo lesionado que pueda atribuirse a ese elemento pirotécnico, ni ningún integrante de la fuerza policial reconoció a Daniel como su atacante.

La intimidación pública, aunque no se encuentra configurado, es un tipo penal que muchas veces es usado en manifestaciones. No hay discusión de que la intención de intimidar a personas indeterminadas (como implica la figura jurídica) no existió, los manifestantes tenían como objetivo mostrar su disconformidad al Congreso y en el medio, entre los manifestantes y el Congreso, estaba la policía. Si hubo voluntad de intimidar a alguien era a personas determinadas, legisladores, personal policial, no es aplicable personas indeterminadas.

Pero, aun así, explicó, ni siquiera se registra la intimidación de los legisladores. Los manifestantes tuvieron miedo por el accionar policial, no de los otros manifestantes. No hay ningún respaldo probatorio para la intimidación pública.

Hacia el final del alegato, Martín Alderete, enfatizó respecto del tratamiento de Daniel Ruiz por parte del Poder Judicial. Mientras otros imputados con las mismas acusaciones estaban libres luego de ser procesados, se lo tuvo trece meses preso, sin ninguna explicación, más que el discurso público de que era parte de la persecución a Sebastián Romero.

También planteó que Daniel Ruiz, además, fue víctima del espionaje ilegal de la AFI, siendo escuchadas ilegalmente todas sus conversaciones desde la cárcel y perseguidas todas sus visitas.

Como conclusión planteó que las razones de semejante persecución son extra judiciales, por el solo hecho de manifestarse, es un perseguido político, por ser compañero de Sebastián Romero, sobre el que se desató una brutal persecución poniendo precio a su cabeza, por haber sido símbolo de la resistencia a la represión policial.

Con esos fundamentos es que se planteó que la única solución justa sería la libre absolución. Y que esta causa lo que deja de manifiesto es la importancia del derecho a la protesta, de los límites que tiene que autoimponerse el Estado y la importancia de que haya hombres y mujeres que frente avasallamiento de los derechos salgan a manifestarlo y del compromiso para resistir a algo que se cree injusto.

Para finalizar, Martín Alderete, expresó que es un orgullo para él, independientemente de los acuerdos o discordancias políticas que pueda tener, haber defendido a Daniel Ruiz cerrando con la emblemática frase que expresa la convicción de que “si el presente es lucha, el futuro es nuestro”.

Firmá el petitorio
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