Este lunes 2 de noviembre bajaron del yacimiento los mineros de Cerro Vanguardia. Ya van 19 de ellos que se detectaron positivos de COVID-19. Las razones de esto es que el gobierno provincial autorizó el ingreso a Cerro Vanguardia de trabajadores de Puerto Deseado y Caleta Olivia, sin cumplir con los protocolos de cuarentena previa de 7 días correspondientes. Esto fue así, siendo que estas localidades se encuentran con circulación comunitaria.
Tampoco la empresa está realizando los test PCR A GOBERNADOR GREGORES , PIEDRABUENA, SANTA CRUZ , RIO TURBIO Y LAS HERAS. La empresa necesita a los mineros para seguir llenándose los bolsillos y el gobierno los manda a trabajar incumpliendo sus propios protocolos. Al Jefe de Gabinete Leonardo Álvarez le importa que siga funcionando la minería en medio de la pandemia, para que su flota de camiones no pare de facturar a las mineras. Esos son los gobernantes. Socios menores del saqueo de los recursos naturales. Entregadores de nuestra riqueza y patrones que mandan a los mineros a trabajar priorizando sus negocios antes que la salud y la vida del pueblo.
Priorizan sus ganancias
En este marco, varios compañeros estuvieron con síntomas en el trabajo y el servicio médico, por orden de su jefe y de la empresa, los mandó a trabajar, sin testeos y sin aislarlos. El testeo serológico que le hicieron a algunos de ellos había dado negativo, y en lugar de aislarlo, para ver la evolución de los síntomas y hacerle el PCR, los mandaron a trabajar. Cuando llegaron a Puerto San Julián uno de esos compañeros se hizo el testeo y dio positivo. Una irresponsabilidad total por parte del servicio médico y la empresa.
Por eso no podemos confiar nuestra salud a este Gobierno ni a las empresas. Tampoco podemos confiar en la conducción del sindicato que es cómplice de todo esto. Tenemos que auto organizarnos en los yacimientos para controlar los protocolos, hacerlos cumplir, y mejorar todo lo que haga falta. En Cerro Vanguardia tienen que parar inmediatamente la producción y hacer testeos PCR a todos los compañeros que en este momento tomaron el turno y se encuentran arriba como si nada pasara. Una vez que esté garantizada la seguridad y la salud, se puede discutir la reactivación de la producción. Porque la prioridad son los trabajadores, no la ganancia de la empresa.
La provincia de Santa Cruz se encuentra sufriendo un importante brote de COVID 19. Sin embargo las mineras siguen funcionando, porque el gobierno las declaró servicio esencial. Argumentaban desde el mismo gobierno, y desde la conducción del sindicato que eso era así porque si caía la producción iba a caer la recaudación impositiva para garantizar que el sistema de salud funcione en la pandemia. Sin embargo, el “Frente de Todos” les bajó recientemente el impuesto a las exportaciones del 12% al 8 % a las mineras. Parece un chiste, pero es así. En este país mandan las grandes multinacionales y Santa Cruz no es la excepción.
Impongamos los protocolos
Por eso insistimos, tenemos que organizarnos para hacer cumplir los protocolos, controlarlos y mejorarlos. No podemos confiar en los COE (Centro Operativo de Emergencia) formados por funcionarios y empresarios que vienen demostrando que les interesa su bolsillo y no los trabajadores. Necesitamos Comités de Control de Emergencia formados por los trabajadores en los yacimientos, en las ciudades y localidades, junto a los trabajadores de la salud y especialistas, que también están sufriendo la desidia y la falta de inversión en salud pública, haciéndole frente a la pandemia como pueden. Tenemos que parar los yacimientos para evitar la propagación del contagio, realizando todos los controles necesarios. Basta de usar a los trabajadores y jugar con nuestra salud, nuestra vida y la de nuestras familias. Impongamos los protocolos necesarios, peleemos por un bono por los meses que nos están haciendo trabajar en medio de la pandemia y peleemos para que todos los recursos naturales pasen a manos del estado y sean controlados por los trabajadores y el pueblo, para que el oro y la plata que producimos sean usados a beneficio del pueblo trabajador.