Nacional / El debate por las taser

¿LA POLICÍA TIENE LAS MANOS ATADAS? 

¿LA POLICÍA TIENE LAS MANOS ATADAS? 
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Hace poco se conoció el caso de Rodrigo Facundo Roza, un hombre de 51 años que sufría de una enfermedad mental,  esquizofrenia, por la cual se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. En plena vía pública, un efectivo de la Policía Federal,  Juan Pablo Roldán, intentó retenerlo con su cuerpo, siendo que Rodrigo contaba con un arma blanca. En dicho forcejeo, ambos perdieron la vida. Rodrigo fue hospitalizado por una herida de bala, pero murió a la madrugada siguiente, y Juan Pablo, el policía, falleció en el mismo lugar a los pocos minutos producto del “puntazo” recibido.

Este caso tomó relevancia y abrió un debate acerca de cómo debería haber obrado el Policía. Según los testigos del lugar era evidente el problema de salud que padecía Rodrigo y ya había mostrado que se encontraba armado, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta ¿era necesario reducirlo corporalmente exponiéndose a este trágico final para ambos?, la respuesta que más resonó fue no. Pero lo interesante de dicho planteo, que los medios de comunicación patronales impusieron, es que “llevó” hacia un debate que ya muchos conocemos. La muerte de ambos sirvió como excusa perfecta para justificar, nuevamente, la implementación de las armas “Taser”.

Como anillo al dedo: nuevamente las Taser.

La que no tardó en salir a hablar al respecto fue Patricia Bullrich, la ex Ministra de Seguridad durante el gobierno de Macri. En su declaración pública no sólo estuvo a favor de la implementación de las pistolas Taser, sino que, además, defendió la “doctrina Chocobar”, pidiendo el retiro de la derogación de los protocolos de armas de fuego que ella había dispuesto. Protocolos que habilitaban los disparos letales en áreas públicas. Parece que para ella la cantidad de muertes diarias por gatillo fácil no es suficiente. Recordemos que dichas armas se quisieron poner en uso durante su gestión, durante la cual se llegaron a comprar 100 unidades de dichas pistola por un valor de más de 7 millones de pesos, y más de 3 millones sólo en cartuchos.

Al asumir Alberto eso se frenó temporalmente, pero hoy en día nos encontramos con un discurso que se aviva cada vez más. De hecho, el Gobierno Nacional le dio luz verde al asunto, indicando que la decisión de usar estos instrumentos de tortura,  es de la jurisdicción local y la actual Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, autorizó su uso a un grupo de élite de la Policía Federal.

El argumento de los que defienden esta arma es que “no sería letal” y ayudaría a reducir a una persona sin mayores inconvenientes, preservando la vida de ambos. No es cierto: son menos letales que las armas de fuego, pero lastiman y matan. La realidad lo muestra. Existen numerosas muertes provocadas por estas armas eléctricas. Un estudio realizado en Estados Unidos arrojó que entre 2001 y 2008, 334 personas fueron asesinadas por las descargas prolongadas. Sin ir más lejos, en Colombia, el pasado 8 de septiembre se conoció el asesinato de Javier Ordóñez, quien fue víctima de la brutalidad policial. Fue torturado con las pistolas Taser. En el video que se conoció con posterioridad, se muestra cómo Javier  pedía a gritos que pararan mientras la policía seguía realizando descargas eléctricas. Murió a las pocas horas en el hospital donde fue internado.

Hasta la ONU, a través de su comité contra la tortura, se expresó en contra de su utilización indicando que constituye una forma de tortura que puede causar la muerte de quien lo padece, y hasta una descarga mínima puede matar a una persona con problemas cardíacos. Recordemos que la picana eléctrica fue uno de los métodos de tortura más utilizados en los centros clandestinos de la última Dictadura Militar.

El problema no es si un arma es más o menos letal que otra, el problema radica en quién lo utiliza y al servicio de quién.  Carlos Fuentealba fue asesinado con un cartucho de gas lacrimógeno. En diciembre del 2001 hubo muertes efectuadas con balas de goma, por lo que, no queda ninguna duda de que debemos oponernos a cualquier forma de tortura que quiera implementarse para la represión.

Y esto se debate en un país en donde, en lo que va de la pandemia, está muriendo una persona cada 34 horas asesinada por fuerzas federales y provinciales.

El Gobierno de la Nación, como habíamos mencionado anteriormente, está haciendo inversiones importantes en materia de “seguridad”, reforzando a la Policía y a las Fuerzas Armadas.  Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, está gestionando la adquisición de 300 pistolas más, junto con la compra de otras herramientas “necesarias para combatir la inseguridad de la provincia”.

Mientras tanto, nos dicen que no hay presupuesto para atender nuestras necesidades más urgentes cómo el acceso a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación en condiciones dignas ni para el combate a la violencia machista. Necesidades básicas que preexistían, pero que se intensifican bajo la nueva enfermedad que azota más a la clase trabajadora. Paralelamente, no paramos de ver la cantidad de millones de dólares que se van en el pago de la Deuda Externa.

Por todo esto nos oponemos rotundamente a la implementación de las armas Taser y cualquier otro método de tortura. El conjunto de los organismos de Derechos Humanos deberían pronunciarse y movilizarse ya mismo al respecto y por basta de impunidad y de muertes por gatillo fácil.

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