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La tierra como negocio de unos pocos

El infame programa de Lanata del último domingo trató sobre la cuestión de la tierra y los pueblos originarios en todo el país, para justificar el saqueo y la represión. Lejos de ser un problema solo patagónico el saqueo de la tierra, al igual que los otros recursos naturales, es un problema nacional profundamente vinculado a nuestra soberanía. 

Durante la década del 90, mientras Menem decía que acá nos sobraba tierra, llegaron capitales extranjeros al país a comprar tierras baratas. Como para el capitalismo la tierra es un negocio y no un bien social, es así como buscaron las mejores tierras, ricas en agua y minerales y los gobiernos cipayos nacionales y provinciales “a su disposición”. 

Una nueva legislación de arrendamientos permitió a esos capitales entrar o salir del agro con toda libertad, alquilaron tierras sin importar la conservación del suelo (la soja especialmente), importaron “libremente” maquinarias y agroquímicos de sus casas centrales y exportaron “libremente” lo producido. Para ellos no existía el Impuesto a las Ganancias. En 1991 gozaron también del Decreto de Desregulación, eliminando organismos “de control” como la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes. Cuando los grandes productores, los monopolios y las empresas transnacionales hablan de libertad, hablan de eso. 

Claro está que esa libertad de comercio para ricos se hizo y hace a costa de represión y desalojo de comunidades originarias y criollas con falsos títulos de propiedad, desmonte de campos, deterioro ambiental, pérdida de la biodiversidad haciendo de la soja una reina que se abre paso arrasando con bosques y selvas. Fue así también como se dejaron de producir alimentos básicos de economía popular (soberanía alimentaria). 

Para muestra tenemos varios botones: la persecución a los qom y mapuches que resisten y por eso aparecen en los medios “de vez en cuando”; grandes inundaciones en distintas regiones debido a la tala indiscriminada; la dependencia de agricultores respecto a multinacionales en cuanto a semillas y agrotóxicos; médicos rurales que informan sobre datos catastróficos por el uso de glisfosato cuyos expedientes “duermen” en el Ministerio de Salud; y un largo etcétera que hoy se concentra en la desaparición forzosa de Santiago Maldonado.