LAWFARE: LIBERTADES DEMOCRÁTICAS, PERSECUCIÓN POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

Escrito por Ariel Saravia

5 junio, 2021

Desde hace unos años empezamos a escuchar este término cuando se habla de diferentes causas judiciales contra funcionarios y dirigentes políticos. Profundizar acerca del rol de la Justicia y la política es fundamental para las organizaciones obreras y  populares. En este artículo intentamos dar un aporte al debate.

 

Lawfare hace referencia a una composición de palabras en inglés que significan «Guerra Judicial». Si bien el término tiene varios años, se comenzó a utilizar con mayor frecuencia a partir de la caída de Dilma Rousseff en Brasil y la apertura de ciertas causas judiciales a Rafael Correa en Ecuador y a Cristina Fernández en Argentina, luego de dejar la presidencia. 

La tesis fundamental de quienes sostienen la existencia del Lawfare es que existe una utilización de la Justicia, en combinación con los medios de comunicación hegemónicos y los servicios de inteligencia, para perseguir a los líderes “populares”. Por el contrario, quienes se oponen a este planteo dicen que se utiliza la idea de persecución como una suerte de «victimización» de los corruptos para lavar sus culpas y no dar cuenta de sus delitos.

 

Poder Judicial

 

Salir de esta dicotomía es fundamental para poder abordar este problema. El Poder Judicial, desde nuestra óptica, no es una institución «neutral» como nos enseñaron en la escuela. Es una casta formada por privilegiados que responden a un interés de una clase social por sobre otra. La mayoría de los jueces de relevancia están ligados directamente a grandes empresas y previamente han sido abogados defensores de estas corporaciones. No es casual que poder iniciar un litigio para cualquier persona de a pie implica una travesía cuesta arriba que conlleva años, gastos y trámites burocráticos. Para quien tiene la billetera abultada esto es mucho más sencillo. 

 

Causas judiciales

 

Ahora bien, si la Justicia actúa de esta manera ¿Por qué hay causas judiciales contra Cristina Fernández, De Vido, Lázaro Báez y Amado Boudou? ¿Acaso ellos no tienen dinero? ¿No son parte también del empresariado y sus políticos? 

La asunción del Gobierno de Cambiemos en 2015 ha profundizado a niveles inusitados una política que existe siempre en el sistema capitalista, que es la utilización de los Tribunales para dirimir cuestiones políticas. Con una mesa judicial actuante, dirigida por Macri y su operador “Pepín” Rodríguez Simón, se armaron y desarmaron causas judiciales a la carta, y se dictaron prisiones preventivas jurídicamente injustificables. 

La existencia de hechos de corrupción de diferentes funcionarios sirvió de excusa para atacar en varios frentes metiendo todo en la misma bolsa. Así es como delitos probados de corrupción como la de los trenes de Once o la obra pública en Santa Cruz fueron emparentados con persecución política lisa y llana (Dólar Futuro, Memorándum con Irán) y hasta con persecución a luchadores sociales (Luis D’Elía y Milagro Sala). 

 

Corrupción

 

Acá es necesario detenerse ya que hay que separar la paja del trigo. La corrupción es un hecho delictivo que es inherente al sistema capitalista. La existencia de un estado como aparato burocrático cada vez más grande genera que este sea una fuente inagotable de negocios. Así es que muchísimos funcionarios cometen el delito de quedarse con recursos públicos para otorgar fondos aún más grandes a empresas a través de licitaciones. Cuando cambia el signo político y la orientación de gobierno, estos funcionarios muchas veces son denunciados porque el negocio ahora lo tiene que hacer otro. Los que muy rara vez son acusados son los empresarios que se benefician otorgando estas coimas, para los que pasan los años y siguen vendiéndole al Estado y realizando obras públicas. 

Repudiar la corrupción de funcionarios y empresarios es fundamental para cualquier organización que defiende los intereses del pueblo trabajador. 

 

Persecuciones

 

Pero es necesario distinguir esto de las persecuciones políticas. Por ejemplo, con causas como la del Memorándum por Irán o la del dólar futuro. Podemos debatir muchísimo, por ejemplo, si el dólar tenía que estar a tal o cual precio en 2015. Si eso afectaba o no el bolsillo de los trabajadores. Pero con ese criterio todos los ex presidentes deberían estar en el mismo banquillo por las políticas económicas que aplicaron y con esta Justicia no lo están.

 

La criminalización de la protesta

 

Como vemos, la existencia de hechos de corrupción y su castigo limitado, se combina con el avasallamiento de algunas libertades políticas y democráticas y con el hostigamiento a luchadores populares. 

Ahí está la clave de la verdadera guerra judicial que existe en la actualidad y desde el comienzo de la democracia: la judicialización y criminalización de la protesta social con la finalidad de frenar las luchas obreras y populares. Que no ha cesado en ninguno de los gobiernos «democráticos», y para la que se utilizan desde los procesamientos (que se cuentan de a miles entre los luchadores), hasta prisiones sin prueba alguna, como sucedió y sucede con nuestros compañeros Sebastián Romero y Daniel Ruiz, y hasta con dirigentes afines al Gobierno del Frente de Todos, que siguen siendo presos políticos en la actualidad, como los mencionados Luis D’Elía y Milagro Sala. 

 

Ese ensañamiento tiene una continuidad histórica. Así es que muchísimos luchadores como Horacio Panario, Raul Castells, Emilio Alí y los petroleros de Las Heras tuvieron que dar cuenta como si fuesen criminales, mientras los juicios a los genocidas de la dictadura avanzaron limitadamente y a paso de tortuga. Los mismos jueces que hacen estas persecuciones incluso liberan femicidas y violadores haciendo malabares argumentativos para perdonarlos.

 

Abramos el debate

 

La casta judicial cada día se asienta aún más como factor de  ajuste de cuentas  político y se sirven de esto los lazos que tienen con los operadores judiciales de Cambiemos y con los grandes empresarios. Desde sectores “progresistas” que son parte del Frente de Todos se plantea como salida la necesidad de una Reforma Judicial que tenga algunas medidas progresivas como pueden ser los juicios por jurados para acabar con los privilegios de los jueces.

Este tipo de política resulta interesante porque pone en debate el rol de uno de los pilares del régimen político en el sistema capitalista. Pero creemos que para poder avanzar contra la casta judicial y las persecuciones es necesario el protagonismo de los sectores que no tienen ningún tipo de acceso a la Justicia. Esa mayoría trabajadora de la sociedad es quien va a poder poner fin a los privilegiados y para eso es necesario un gobierno de los trabajadores y el pueblo. 

Abramos el debate de manera fraternal, partimos del acuerdo de que no queremos ni presos políticos ni presos por luchar.

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