En octubre del año pasado comenzó un proceso revolucionario en Chile que aún sigue abierto. Con la bandera de ¡No son $30 pesos, son 30 años! las masivas movilizaciones de trabajadores y jóvenes profundizaron una batalla que superó ampliamente el reclamo inicial del aumento del boleto. La chispa chilena encendió el fuego en la pradera de Latinoamérica y movilizaciones y huelgas se extendieron a Colombia. 

La Revolución Chilena puso en jaque a todo el sistema político en el país, y el gobierno de Piñera la combatió con una feroz represión. Las imágenes y denuncias se extendieron por todo el mundo. Muertos, heridos, manifestantes que perdieron su visión y miles de presos se repitieron cada viernes en las movilizaciones a la Plaza de la Dignidad. 

Con la llegada del virus COVID 19 al país, se han postergado las movilizaciones. Pero el proceso sigue abierto, y hemos podido ver como la primera línea tomó la lucha contra la pandemia en sus manos organizando tareas de desinfección. Asimismo, está más vigente que nunca la lucha por la libertad de los presos políticos. Hacinados en cárceles en donde no se cumplen las medidas de seguridad e higiene. Conviven con presos comunes miles de manifestantes que fueron detenidos y aun no tienen condena, pero el Estado decidió que son “peligrosos para la sociedad”. El virus ya ha ingresado a los penales y el peligro en la situación de confinamiento y precariedad es mucho mayor. 

La situación es desesperante para los y las activistas que están presos y sus familiares. El Gobierno de Piñera que se niega a dar siquiera la prisión domiciliaria es completamente responsable de la salud y la vida de los y las presos/as políticos. Los grandes medios de comunicación, los otros gobiernos e incluso partidos políticos progresistas no están reflejando esta terrible situación constituyendo un bloqueo para que se conozca este panorama. Quienes en cambio sí están poniendo el cuerpo en la defensa de los y las luchadores encarcelados son los compañeros y compañeras de la Defensoría Popular, quienes representan a muchos/as de los/as detenidos/as y dan toda una pelea contra el aparato judicial y policial del estado. Por esta labor María Rivera, dirigente del MIT (partido hermano del PSTU en Chile) fue amenazada en reiteradas oportunidades, así como también denunciada por la jefatura de Carabineros. 

Frente a esta coyuntura desde el PSTU, junto a nuestros partidos hermanos en todo el mundo, nucleados en la Liga Internacional de los Trabajadores hemos lanzado una campaña de solidaridad y colaboración con los luchadores chilenos. Creemos que los organismos internacionales de Derechos Humanos, y las organizaciones gremiales y estudiantiles tienen que pronunciarse inmediatamente contra este atropello. En Chile se violan los Derechos Humanos más elementales frente a una situación catastrófica y pandémica y no debe ser permitido.

La libertad de los presos y presas políticos tienen una vital importancia para el desarrollo de la Revolución Chilena. Invitamos a todos/as aquellos que siguieron con simpatía este proceso revolucionario a sumarse a la campaña. Mandá tu firma, sacate una foto con un cartel o pegalo en el vestuario de tu fábrica o doná dinero. De esta manera podés aportar tu parte para que en Chile se cambie todo lo que tiene que ser cambiado. 

  23 de Abril de 2020.-