Nacional / Frente a las tomas de tierras, desalojos, ley de alquileres

LUCHEMOS POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

LUCHEMOS POR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

La Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis el derecho a la vivienda digna. El mismo también se encuentra amparado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27), y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 9 y 28).

Los hechos de las últimas semanas en los que vimos a más de 2500 familias bajo peligro de desalojo en Guernica, en el Gran Buenos Aires, nos lleva una vez más a la pregunta de si este derecho fundamental se cumple o está siendo vulnerado. Más importante aún en el contexto de una pandemia, en la que el método de prevención más eficaz hasta ahora es poder quedarse en casa y lavarse bien las manos.

Sin derecho ni a una vivienda precaria

Un censo oficial del año pasado indica que en la Ciudad de Buenos Aires más de 7 mil personas viven en la calle. El déficit habitacional (cantidad de familias que no acceden a una vivienda con las mínimas condiciones para subsistir) en la Argentina es de 4 millones (1 de cada 3 hogares). De ese total, 2,5 millones corresponden a viviendas con problemas de construcción o de falta de servicios básicos. El resto son viviendas que directamente hay que construir.

El sueño de la casa propia ha quedado en el olvido para los trabajadores. En el mejor de los casos, lo que muchos consiguen es construir precariamente arriba o en el patio de las casas de sus padres. Y muchas veces a costa de un endeudamiento brutal, sobre todo teniendo en cuenta la devaluación y como ésta impacta sobre los precios de los materiales de construcción.

Y el colmo es que, como decíamos antes, en lucha contra una enfermedad que se combate lavándose las manos, el 15% de los hogares en Argentina no tiene acceso al agua potable. La Villa 31 se convirtió en uno de los casos más emblemáticos, pero también fue así en barrios como Las Vías en La Plata o Cabin 9 en las afueras de Rosario.

Alquileres y especulación inmobiliaria

Pero este problema supera a los sectores más pobres. En la Argentina existen alrededor de 9 millones de inquilinos (casi un cuarto de su población), que gastan al menos 40% de su salario en el pago de alquiler. La nueva Ley de Alquileres, si bien mejora las condiciones de contratación y otorga algunas garantías para que sea más fácil alquilar, no cambia el hecho de los precios astronómicos que ya se manejan. Tampoco se hace nada respecto a las inmobiliarias que ahora ofrecen alquileres temporarios para saltarse la ley.

Pero a su vez, hay en nuestro país alrededor de 2 millones de viviendas ociosas (inmuebles desocupados por más de un año sin razón que lo justifique). Estas viviendas existen con el fin de promover la especulación inmobiliaria, haciendo que los alquileres sean aún más caros. En su mayoría se trata de casas o departamentos lujosos, inaccesibles económicamente para la gran mayoría de la población.

En resumen, el negocio inmobiliario necesita de casa lujosas vacías y de gente sin techo tirada a la calle para sostener su “rentabilidad”. Otro derecho que figura en los papeles, pero que el capitalismo no solamente no garantiza, sino que hace todo a su alcance para que cada vez más gente no pueda ejercerlo.

Nos preguntamos entonces quiénes son los verdaderos criminales. Quienes no teniendo techo bajo el cual dormir, toman terrenos desocupados y son señalados como delincuentes por el Gobierno. O los piratas de las inmobiliarias, las constructoras y los bancos que cuentan sus millones mientras hay gente que se queda en la calle.

Parches que no pueden tapar la gotera

El regreso del plan ProCreAr ha sido el caballito de batalla del Gobierno de Alberto Fernández ante esta problemática. Plan que, desde su creación bajo el gobierno de Cristina, todavía adeuda resultados hacia sus inscriptos. Tal es el caso del Complejo Estación Buenos Aires (construido en el marco de este plan) en el barrio de Parque Patricios, CABA, donde 2000 familias esperan el sorteo para poder ingresar, y solo hay 100 departamentos ocupados.

Además, si bien se estaría apuntando a reducir los requerimientos para acceder al crédito (por ejemplo, era necesario tener en ahorros un 10% del valor del inmueble en el caso de la compra de casas o terrenos), sigue siendo restrictivo, por ejemplo con el requisito de poseer trabajo formal. Es evidente que para quienes más sufren la falta de vivienda, familias como las de Guernica, esto no será una solución.

Ni hablar de lo atrasado de este proyecto respecto de las necesidades. Un ejemplo claro es que se destinaran 10 mil créditos para adecuar lotes que no cuentan con los servicios básicos y 34 mil para la instalación de redes de gas en domicilios que no tienen. Alrededor de 350 mil créditos se otorgarán en total para construcción, compra o refacción. Todos muy por debajo de la emergencia habitacional.

Es posible un verdadero plan de acceso a la vivienda

Como socialistas y revolucionarios, creemos que hay una salida concreta para este martirio que aflige a millones de familias. Pero hay un problema: esta salida implica chocar con el negocio de los especuladores inmobiliarios, de los bancos y las empresas de construcción. Al Gobierno hay que exigirle que elija: son ellos o nosotros.

Suspender los desalojos de las tomas es un primer paso. Pero aún con eso, solamente estaríamos dando a esas familias una solución insuficiente. El primer paso efectivo tiene que ser la expropiación de toda la vivienda ociosa y utilizarla para albergar a quienes no tienen un techo o viven en condiciones de hacinamiento.

Para terminar con la especulación, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Así tener control real sobre el dólar que rige los precios en el mercado inmobiliario. Además, permitiría otorgar crédito realmente barato y accesible para poder acceder a un terreno o una casa.

Poner en marcha un plan nacional de obras públicas que contemple todas las necesidades habitacionales. Desde la construcción de nuevos inmuebles, hasta las refacciones y reparaciones necesarias en los ya existentes. Toda vivienda debe contar con acceso a la electricidad, gas natural, agua corriente, cloacas y conectividad. Además, este plan garantizará empleo para combatir la desocupación.

En función de esto último, declarar de interés público y expropiar sin pago todas las empresas cementeras, ladrilleras, ceramistas, siderúrgicas y demás ligadas a la construcción. Ponerlas a funcionar bajo control de sus trabajadores. Así abastecer toda la demanda de materiales necesarios y no dar lugar a los sobreprecios ni ningún tipo de negociado desleal.

Pero a la vez que proponemos este plan, le decimos a los trabajadores y al pueblo que las soluciones no van a caernos desde arriba. El Gobierno no da signos de que quiera romper sus lazos con los ricos y poderosos para garantizar que vivamos dignamente. Por eso tenemos que tomar este problema en nuestras manos. Como decíamos al principio de esta nota, la vivienda digna es un derecho, y en nosotros cae la responsabilidad de organizarnos, primero para que la policía no nos saque del lugar donde dormir. Pero también para conseguir un techo bajo el cual podamos vivir como corresponde.

 

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