Nacional / Enfermedades, accidentes y muertes obreras

Macri modifico la ley de ART por decreto

Macri modifico la ley de ART por decreto
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Los trabajadores de nuestro país realizan sus tareas con puro esfuerzo físico, con posiciones laborales viciosas y sin las medidas de protección mínimas. Así es como sufren accidentes laborales permanentes y enfermedades físicas después de varios años de trabajo.
Con la creación de la Ley de Riesgo del Trabajo, el gobierno de Carlos Menem pretendió poner límite al reclamo obrero por la atención de accidentes de trabajo y para eso creó las ART.
Las ART son empresas que solo buscan cobrar las comisiones y llenarse los bolsillos. Por eso cuando un trabajador se accidenta, rápidamente le dan el alta y casi nunca le otorgan incapacidad que le permita cobrar una indemnización.
Y cuando se trata de un trabajador que tiene problemas de salud, producto de tantos años de esfuerzo físico, rápidamente le notifican que esa dolencia no es producto del trabajo y que debe seguir la atención médica por su obra social.
Así es como un porcentaje mínimo de los trabajadores accidentados y con enfermedades laborales inician juicio para poder cobrar algo. La inmensa mayoría de los trabajadores evita cualquier reclamo y continúa trabajando enfermo o con dolores físicos que deberían ser cubiertos por la patronal o las ART.

No solo “Menem lo hizo”

Esta ley antiobrera, al servicio de “bajar los costos laborales” de las empresas, se mantuvo durante los gobiernos kirchneristas. Aún peor, en 2012, un decreto de Cristina habilitó a las organizaciones patronales junto con los sindicatos con “personería gremial” a crear ART Mutuales, transformando a los dirigentes sindicales de cómplices en socios. Ese mismo año se aprobó en el parlamento con mayoría K, la “Ley De Mendiguren” (entonces presidente de la UIA y actual diputado massista), que limitó abiertamente las posibilidades de los trabajadores de reclamar mejores indemnizaciones.
Pero para las patronales y para las propias ART, los reclamos son demasiados. Con la urgencia de la crisis económica mundial que los acecha, Macri, junto al PJ y la CGT acordaron poner un nuevo freno a los juicios y en diciembre dieron media sanción a una ley en ese sentido.
En marzo tenía que seguir el tratamiento en la Cámara de Diputados para terminar de sancionarse como ley. Cosa que ya estaba descartada que se concretaría.
Pero la patronal no quería esperar todo el tratamiento legislativo y apuró a Macri, quien usó un decreto para poner en marcha ya el freno a los reclamos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Un sistema perverso que se torna obligatorio

Desde que entró en vigencia la Ley de Riesgo del Trabajo en el año 1996 se estableció que si los trabajadores no estaban de acuerdo con la atención o la resolución de las ART, podían ir a quejarse a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo (SRT). Allí existe una Comisión Médica, que supuestamente controlaba lo que hacían las ART. Pero la realidad es que la SRT tardaba entre 6 y 8 meses en sacar un dictamen. Y en el 99 % de las veces le daba las razones a las ART. Y si lo apelabas, después de 2 años, la resolución era idéntica al primer dictamen.
Por eso los escasos trabajadores que decidían ir a juicio, no recurrían a la SRT porque ya sabían que el resultado siempre iba a ser a favor de las ART.
Con la reforma que estableció Macri por decreto, se torna obligatorio recurrir a todo el trámite burocrático de la SRT previo a iniciar juicio. Además, una vez que el trabajador tiene el alta de la ART tiene que empezar a trabajar al otro día. Y todo el trámite ante la SRT lleva meses de ir y venir sin que nadie le reconozca todos esos días de trabajo perdido.

¡Basta de ART y de reformas propatronales!

Macri en lugar de obligar a las empresas a mejorar las condiciones de trabajo, a invertir en medidas de seguridad y elementos de protección y a las ART a dar correcta atención médica y pagar las indemnizaciones, puso un obstáculo más alto a los trabajadores que los hace recorrer todo el camino burocrático ya explicado.
Otra de las reformas de este decreto, es que las provincias no necesitan contratar una ART para la atención médica de sus empleados. Deberán autoasegurarse. O sea que los empleados públicos que sufran un accidente laboral o padezcan una enfermedad laboral, deberán recurrir a los devastados hospitales públicos, que sin presupuesto suficiente no cuentan siquiera con los medios mínimos para la atención de los pacientes vecinos de cada lugar.
Los trabajadores privados, junto con los empleados públicos, tenemos que organizarnos para empujar a la acción a la dirigencia gremial y decirle basta a Macri, a las ART y todas sus reformas propatronales.


SEGURIDAD E HIGIENE BAJO CONTROL OBRERO

La seguridad e higiene debe estar en manos de los que producimos y no de las patronales que nos explotan y su gobierno. Nuestra vida y nuestras coindiciones de trabajo deben estar por encima de las ganancias empresarias.
Hasta ahora, las cúpulas sindicales han dejado pasar todos los ataques, apañando la negligencia patronal y estatal que provoca enfermedades y accidentes. Ni siquiera se han movido ante muertes que causaron conmoción, como en 2015 la de Leonardo Barbosa por una explosión en GM Rosario, o las de los petroleros de Chubut, Matías Álvarez de PAE, aplastado por una canasta con barras de perforación y Cristian Gutiérrez, muerto tras la explosión de una cañería de gas en Tecpetrol (Techint); como en 2016 la de David Ramallo aplastado mientras reparaba un colectivo de la Línea 60 o la de Matías Kruger, electrocutado en el subte.
Tenemos que organizarnos para exigir e imponer a la CGT y a las CTA movilizar para derogar la nefasta Ley de Riesgo del Trabajo. Desde el PSTU proponemos, en cambio, que los trabajadores elijan libremente, en cada empresa de Comisiones de Prevención de Accidentes y Riesgos Laborales, formada por representantes con fuero sindical y derecho a parar si no están los elementos de prevención necesarios o las máquinas no funcionan según las normas. Que garanticen por ejemplo, que en caso de enfermedad o accidente, la patronal sea obligada a pagar el salario completo, a mantener el puesto de trabajo, sin plazos, hasta la recuperación y, en caso de incapacidad, a reubicar al trabajador en otras tareas con el mismo nivel salarial y categoría, sin congelamiento, y a indemnizarlo.

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