PC Arts Banghó es la principal productora local de computadoras y notebooks, con 750 trabajadores, mayoría jóvenes y mujeres, entre sus tres plantas. El 20/1, en vacaciones, despidió a los 260 compañeros de Vicente López y anunció su cierre.
Se llevó maquinaria a Parque Patricios (CABA), donde tiene el taller de reparaciones. Argumenta “la apertura de las importaciones que puso en crisis a la industria electrónica en Argentina”, con la eliminación del arancel de importación de estos productos (35%). Busca “reestructurarse”: sólo se quedaría con los servicios de venta y post-venta, para dedicarse a la importación. Y seguir produciendo en la CABA y en Córdoba 450 mil notebooks del plan “Conectar Igualdad” para el Ministerio de Educación. Unos 100 millones de dólares.
El 24/1, en asamblea junto al cuerpo de delegados de la UOM Vicente López, decidieron ocupar la fábrica. El lunes 30/1 “reabrió” luego de la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, que “suspende” los telegramas de despido, aunque los trabajadores sólo van a cumplir el horario sin tareas de producción.
“Vamos a hacer un enorme esfuerzo para subir la productividad si bajan el arancel al 16%, como el del Mercosur, y lo reducen a 0% para componentes”, dice la patronal. Junto con la UOM, culpa exclusivamente al Gobierno. Pero en realidad el ajuste encabezado por Macri va de la mano de los intereses de todos estos empresarios, que no cierran sino que nos “reestructuran” para incrementar nuestro rendimiento. Y nos usan a los trabajadores como rehenes para conseguir además beneficios estatales, con la complicidad de los dirigentes sindicales afines. El Programa de Transformación Productiva (PTP) de Macri da subsidios a empresas para “reconvertir” sus actividades y pagar indemnizaciones, preservando sus ganancias antes que nada.
Precisamente, después de años de “llevársela en pala”, no es una “salida” para nosotros el cobro del 100% de las indemnizaciones, como pide la UOM Vicente López en los telegramas que redactó negando los argumentos de Banghó para echar. O como presiona la UOM Avellaneda a cada despedido en Stockl, Canale, etc. para convencerlo de que acepte la plata y se vaya. Tampoco es “salida” la firma de “retiros voluntarios” con sumas extras, como hizo la UOM Río Grande en IFSA-BGH. Todo esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es falso que no haya otra alternativa. Si están tan mal que abran sus libros contables para demostrarlo.
Necesitamos enfrentar estos ataques para bajar salarios y empeorar las condiciones laborales de los convenios colectivos, organizándonos desde abajo y exigiendo un paro nacional y plan de lucha unificado de cada sindicato y de la CGT y las CTAs, que rompa su tregua con el Gobierno. El acuerdo de no despedir es una mentira más. El Estado debe intervenir y hacerse cargo, bajo control de sus trabajadores, para garantizar los puestos y los salarios en toda empresa que despida. Estamos por la reducción a lo mínimo indispensable de las importaciones y por el uso de las divisas que ingresan por exportaciones para desarrollar una industria estatal pesada y semipesada, repartiendo las horas de trabajo entre todos con condiciones laborales y salarios dignos.