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NO PODEMOS ESPERAR MÁS: ¡LEGALIZACIÓN POR DECRETO YA!

NO PODEMOS ESPERAR MÁS: ¡LEGALIZACIÓN POR DECRETO YA!

El Gobierno de Alberto Fernández decidió enviar al Congreso su proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE). Pero en 2018 ya debatimos demasiado al respecto, y el Parlamento nos dio la espalda. Si de verdad Fernández está decidido a legalizarlo, debe hacerlo ya mismo por decreto, sin ninguna objeción ni acuerdo con las Iglesias antiderechos. ¡Las mujeres pobres y trabajadoras no podemos esperar más!

La movilización impuso el debate por el aborto legal

A partir de 2015 las mujeres inundamos las calles al grito de “Ni una Menos”, visibilizando la violencia machista que recae brutalmente sobre nosotras. Este grito tomó también la denuncia sobre la ilegalidad del aborto que provoca la muerte de mujeres pobres que deben recurrir a los peores métodos para interrumpir un embarazo.  Ya en 2018 la “Marea Verde” inundó todo a su paso, en cada movilización del mundo entero, con este reclamo.

Para calmar los ánimos y tapar la crisis económica que cruzaba el país, el Gobierno de Macri abrió el debate parlamentario de la legalización, a través del Proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A pesar de las limitaciones de ese Proyecto, el Parlamento nos dijo NO.  Dijimos, y así fue, que no podíamos depositar ninguna confianza en ese Parlamento que, casi al mismo tiempo, votaba un presupuesto de ajuste y avalaba la represión a jubilados, al pueblo trabajador y a las propias mujeres.

Hoy, con un atraso de casi un año, el Gobierno de Fernández acaba de enviar el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al Congreso.  Las presiones de la propia base del Gobierno empezaron a crecer, pero sobre todo el temor de tener de nuevo las calles inundadas de mujeres, exigiendo el cumplimiento de una promesa de campaña que se demoraba demasiado.  

Con «Será Ley» no alcanza: el ajuste que viene es violencia

La despenalización y legalización del aborto en la Argentina implicaría un gran avance, logrado por les miles que nos movilizamos para lograrlo. Pero, así como antes dijimos que el Proyecto de la Campaña no era el nuestro, tampoco lo es el del Gobierno. No se puede encarar ningún proyecto serio sin aplicar soluciones de fondo a la urgencia de la salud, la educación, las condiciones de vida del pueblo trabajador para que de verdad las personas gestantes accedan libremente a un derecho básico como es abortar (Ver Un programa obrero de Salud Integral que garantice a la mujer trabajadora el ejercicio a la maternidad y el derecho al aborto)[1]

Y para lograr estas soluciones de fondo, se necesita un presupuesto de salud y educación acorde, que permita realizar el procedimiento en hospitales públicos en condiciones, y no en un sistema colapsado hace años por los sucesivos recortes presupuestarios. También necesitamos mucho más dinero para aplicar y ampliar el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), prevenir embarazos no deseados, tener anticonceptivos para todes, capacitar a quienes deben tomar la cuestión ya sea en la teoría o en la práctica.

El presupuesto 2021, lleno de recortes y ajustes, no contempla siquiera las urgencias de la pandemia y sigue atado a las exigencias del FMI y del pago de la Deuda Externa. Solo dejando de pagar esta deuda millonaria, cobrando impuestos verdaderos a las empresas y las multinacionales, podremos afirmar que tendremos el dinero suficiente para terminar con la crueldad del aborto ilegal desde todos los ángulos y con las múltiples violencias que golpean a las mujeres, especialmente a las más pobres.

Dos proyectos llenos de concesiones a los antiderechos

Acompañando el proyecto de Despenalización y Legalización del Aborto, el Gobierno también envió el “Plan de los 1000 Días” al Congreso, para tratarlos de manera conjunta. Uno de ellos abre la puerta para que las mujeres dejemos de morir por el aborto clandestino, el otro intenta reconciliar posiciones con la Iglesias antiderechos, que quieren decidir sobre la vida de las mujeres pobres y trabajadoras. Porque, como se sabe, en la clandestinidad, las que tienen dinero pueden pagar una buena clínica e interrumpir el embarazo en secreto sin que las iglesias se metan.

El proyecto del Gobierno es bastante similar en sus puntos centrales al proyecto de la Campaña, pero incorpora la objeción de conciencia de médicos por cuestiones religiosas y morales. Claramente, no es esto lo que se debería priorizar a la hora de salvar la vida de miles de mujeres.  

Por su parte, el Plan de los 1000 Días, que ya se viene aplicando en provincias como San Juan, (cuyos legisladores votaron todos en contra de legalizar el aborto en 2018), establece “la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad…con la idea de que no recurran al aborto por ser pobres si tienen el deseo de ser madres y así hacer un guiño a los celestes”[2]

Claramente, el guiño a los “celestes” es una política hacia las distintas iglesias, todas en contra de los derechos de las mujeres. Este plan sirve para intentar convencer a las mujeres de que no accedan al aborto, a través de alguna miserable ayuda social, no importa que luego de ese tiempo sigan en la pobreza, sin viviendas y sin empleo. La maternidad debe ser algo planificado, deseado y acompañado por políticas públicas, no atado a una ayuda insignificante y transitoria del Estado.

Basta de retrasos: aborto legal ya por decreto

 Es el Estado quien debe garantizar que las mujeres pobres no mueran por abortos clandestinos. Luego de los largos debates de 2018 ya no queda tiempo ni necesitamos contar votos, a ver si se llega o no. Necesitamos el aborto legal ahora mismo, y con el presupuesto acorde para garantizarlo, sin ningún tipo de objeción de conciencia ni intervención religiosa.

No podemos depositar ninguna confianza en un Parlamento que siempre da la espalda a las necesidades del pueblo trabajador. Si Fernández tiene la decisión política de legalizar el aborto, debe hacerlo por Decreto urgente, y eso solo podemos arrancárselo movilizades masivamente en las calles hasta lograrlo.

El proyecto IVE del Gobierno punto por punto

·         Despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas para toda persona gestante, y más allá de ese tiempo, cuando la vida de la persona esté en riesgo, o en casos de violación. Todo caso que excede esta norma, está penalizado

·         El procedimiento debe ser realizado en hospitales públicos y también a través de Obras sociales y prepagas en establecimientos privados, de manera gratuita.

·         La institución deberá poner a disposición la información sobre el procedimiento, la atención integral de la salud de la persona gestante y el acompañamiento posterior, aunque esto no es obligatorio para realizar el procedimiento.

·         En menores de 13 años el procedimiento debe ser con el aval de algún mayor a cargo o sus padres. A partir de esa edad, solo se hace a pedido de la persona sin ningún aval, a menos que peligre la vida de la persona (13 a 16 años)

·         El/La profesional a cargo puede ejercer la objeción de conciencia, o sea negarse a hacer el procedimiento, pero debe garantizar la práctica en la institución derivando el caso a otre profesional. No puede negarse a la atención posterior. Ni tampoco negarse en caso de que la vida de la persona gestante esté en riesgo.

 

[1]https://www.pstu.com.ar/un-programa-obrero-de-salud-integral-que-garantice-a-la-mujer-trabajadora/?fbclid=IwAR0B7jOlURO9oKdktvW5elSTDEllDIp4iY0eHH7dikSgXZ2ovpZrANsTZWU

[2] https://www.pagina12.com.ar/299762-aborto-el-gobierno-enviaria-el-proyecto-antes-de-fin-de-mes

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