Este lunes 24 de agosto  se realizó una nueva audiencia por las jornadas del 18 de diciembre del 2017.

A pesar del pedido del juez Javier Ríos de bajar los testigos innecesarios para acelerar el proceso de debate y culminar este juicio, la jornada nuevamente contó con testigos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, todos ellos funcionarios, abogados, que solo hablan generalidades sin poder determinar que función cumplieron Daniel Ruiz o César Arakaki en los hechos que relatan.

No es casual que no recuerden nada o sean confusas sus declaraciones, cabe recordar que la Defensoría del Pueblo se presentó voluntariamente al Juzgado de Instrucción, allí elevo cientos de declaraciones para justificar la represión del día 14 y 18 de diciembre, todos sus testimonios de esos días, hablaban sin tapujos de grupos violentos organizados para hacer desmanes y con ese relato decir que la represión había sido justificada.

Esa actitud de la Defensoría a tono con el gobierno de turno en ese momento y a los vientos políticos de Patricia Bullrich tenia un objetivo, perseguir a los luchadores, como a Sebastián Romero, Dimas Ponce, Arakaki y Daniel Ruiz, sirvió para que la Ciudad de Buenos Aires impulse una demanda civil y comercial para organizaciones políticas por 24 millones de pesos.
En fin, una Defensoría del Pueblo que ese día miró intencionalmente con el ojo del gobierno, no hubo ninguna declaración de la Defensoría que de testimonio sobre los policías que dispararon a los ojos de los manifestantes, de que pasaron con sus motos por encima de las personas o las gaseadas a jubilados y jubiladas indefensas.

Esto demuestra la farsa del juicio, todos los testigos son funcionarios públicos o policías, las pruebas fehacientes para haber tenido a Daniel Ruiz preso 13 meses no aparecen, como tampoco en ningún momento hasta ahora mencionan a Sebastián Romero, demostrando que debe estar en libertad y no con una prisión domiciliaria.

De manera virtual o presencial este juicio es una clara muestra de la farsa que se está realizando, las volteretas de los testigos de la Defensoría nos dicen que ese estamento del Estado solo sirve para los fines políticos de los gobiernos de turno, que son cientos de sueldos a abogados y funcionarios que lejos están de defender al pueblo.

Cuando se discute la Reforma Judicial, queda claro que ninguna justicia de parte de los ricos puede servir al pueblo, todo el aparato estatal con los diferentes organismos siempre van a estar en contra de la lucha obrera y por ende funcional a los gobiernos de turno.

Redoblemos la campaña por la anulación de este juicio, la absolución de todos los imputados de las jornadas de diciembre del 2017, por la libertad inmediata a Sebastián Romero.
Debemos seguir desenmascarando el rol de la justicia, de tribunales, jueces y fiscales, el movimiento obrero debe saber que nada bueno saldrá de aquí, queda demostrado que la movilización popular es la única garantía para obtener justicia, poder enseñar a nuestra clase el verdadero carácter de la justicia sin duda será el mayor aporte para las luchas futuras.
Ante un mundo que se rebela, las instituciones del Estado estarán sosteniendo al gran capital y actuarán a su servicio, como lo hicieron el 18 de diciembre, para implementar la Reforma Previsional que impulsó Mauricio Macri por órdenes del Fondo Monetario Internacional.

¡Libertad de los presos y presas políticos! 

24 de agosto de 2020