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Opresión racial: una cuestión de clase

“Black Lives Matter”: las vidas negras importan

Con esa consigna se movilizaron los jóvenes negros, con sus vecinos, amigos y familias en Ferguson y todo el estado de Missouri y en el resto del país en agosto de 2014 para exigir el juicio y castigo de los policías que mataron a Michael Brown. Y con esa misma consigga volvió a salir la juventud y la comunidad negra primero en Baltimore, tras la muerte de Freddie Gray, un chico negro de 25 años, bajo custodia policial, y luego en muchas otras ciudades.

De Ferguson a Baltimore: el problema negro no es un problema de “representatividad”

Y es que uno de los principales obstáculos para combatir la violencia hacia la población negra y su opresión de conjunto es la idea que los blancos oprimen a los negros porque tienen “privilegios” y están en el poder, y que si los negros gobernaran y ocuparan los cargos de responsabilidad política esto no pasaría. Esta visión que propone una “política de la identidad” (ser negro o latino, o mujer es garantía de llevar adelante la lucha de esos sectores por sus derechos) y se traduce en lobby y campañas electorales es errada. La situación de Baltimore lo demuestra.

Baltimore es un bastión del Partido Demócrata desde hace 150 años, que ha sabido cooptar las luchas y ocupar los puestos de poder con sus representantes negros. En la ciudad (600.000 habitantes), donde el 64% de la población es negra, sí hay “representatividad racial”: el alcalde es negro, los dos tercios de los concejales son negros, el superintendente escolar es negro; el jefe de policía es negro, y la mayoría de los policías lo son. Y eso no impidió la muerte de Freddie Gray ni hace de Baltimore un lugar donde la juventud negra es menos discriminada y violentada por la policía. Y es que el tener “representantes de un color” en puestos de poder no es lo que importa, sino la política llevada a cabo por esos representantes, y aún más, el carácter de clase de las instituciones desde las que gobiernan: qué intereses representan sus partidos, el congreso, la policía, el FBI, la guardia nacional etc.

Nosotros decimos que la situación actual del pueblo negro es el resultado de la ofensiva neoliberal de criminalización y encarcelación masiva, que fue una respuesta a la crisis del capitalismo americano en los 70 y el fin de una ola de acumulación. Y que para recuperar los beneficios y la tasa de ganancia las grandes multinacionales con Reagan a la cabeza no sólo tuvieron que demoler las conquistas del movimiento sindical, sino que también tuvieron que volver a someter a ese sector de la clase en una precariedad, super-explotación con peores salarios y marginación social crónica, haciendo mella en todas las conquista del movimiento de los derechos civiles de los 60, tornando muchas de ellas en meramente formales.

La “guerra contra las drogas” y la nueva segregación económica y social: el problema negro es un problema de clase

Hace unas semanas el New York Times publicó un artículo con título amarillista y “escandaloso” pero terriblemente cierto: “ Un millón y medio de negros desaparecidos”.  A ese millón y medio de negros, la inmensa mayoría trabajadores, no se los tragó la tierra, sino que los devoró el sistema capitalista. El estudio muestra que “por cada 100 mujeres negras que no están en la cárcel, sólo hay 83 varones negros. El resto de los varones – 1.5 millones- están, de algún modo, desaparecidos.”¿Dónde están entonces los “desaparecidos”? O bien tuvieron una muerte temprana o bien están en la cárcel (600.000 de éstos). Uno de cada 12 hombres negros de entre 25 y 54 está en la cárcel, para los blancos la relación es de 1 a 60. Ése es el destino de predilección que el sistema capitalista le reserva al pueblo negro hoy.  
Con la ofensiva neoliberal, en menos de 30 años la población carcelaria en los EEUU pasó de 300,000 a más de 2 millones de presos, haciendo de los EEUU hoy el país que el índice de encarcelación más alto del mundo (más que Rusia, China o Irán).  Un estudio del 2014 muestra que por lo menos 12 millones de personas pasan por algún tipo de cárcel local al año, y de los que están en esas cárceles, un poco más de la mitad no han sido condenados sino que están encerrados a la espera de juicio pero no tiene dinero para pagar la fianza o conseguir un buen abogado.

La “Guerra contra las drogas” ha sido y es una guerra contra la clase trabajadora y en particular contra el pueblo negro para arrebatarle los derechos ganados y hacerle pagar el costo de las crisis: el 38% de los presos son negros (cuando son solo el 12.9% de la población). El resultado de esa operación de estigmatización, criminalización y encarcelación (“todos los negros son violentos y drogadictos”) ha llevado a la población negra a una nueva segregación social y económica: el 80% de los jóvenes afro-americanos de las principales ciudades tienen hoy algún antecedente penal y no van a lograr encontrar un trabajo estable.

El “sueño americano” no existe para los jóvenes y adultos negros. Existen hoy 65 millones de trabajadores que tienen antecedentes penales, es decir un cuarto de la población activa, y la mayoría de ellos son negros y latinos.  Eso significa que no van a encontrar trabajo estable o bien pago (con salario digno, plan de salud, pensión, vacaciones y días de enfermedad). Estos trabajadores están además excluidos por ley de varias profesiones, no pueden acceder a vivienda de protección oficial ni a los cupones de alimento, y muchos de ellos pierden el derecho de votar en las elecciones. En las últimas elecciones nacionales del 2012, un 8% del censo electoral negro no pudo votar por ese motivo.

El problema de la opresión racial es pues un problema de clase: no sólo porque la vida de Obama o del alcalde de Baltimore no tiene nada que ver con la vida del 99% de los negros, sino porque la ofensiva reaccionaria contra la población negra es una ofensiva contra la clase trabajadora en su conjunto. El sistema judicial en EEUU se ha convertido en el principal instrumento para controlar y oprimir a la clase, y en particular la población negra y latina.

La política de Obama: a favor de las multinacionales y la represión

Pero quizás la rebelión y el odio de los jóvenes que salen a las calles hoy no sólo sea el fruto de estas décadas de marginación y violencia, sino el de sentirse víctimas de una terrible traición política. El gobierno de Obama continuó la ofensiva de criminalización anti-obrera y racista del estado norteamericano, salvar a los principales bancos y multinacionales de la crisis del 2008 y aplicar el ajuste al conjunto de la clase.
Sus prioridades son claras: este pasado 2014 dedicó el 17% de los recursos del Estado para financiar el Ministerio de Defensa, las ocupaciones, bases militares afuera y sólo 2% para el de educación, porcentajes que se mantienen estables y similares a los de la era Bush.  
Obama no ha hecho otra cosa que continuar el programa de militarización de la policía local iniciado por Bush: desde 2003 se han destinado $34 000 millones de dólares a dar fondos federales para que las policías locales compren material militar de los contratistas de guerra. En las principales ciudades, y en particular las que tienen un porcentaje alto de negros y latinos, las policías cuentan con vehículos blindados, helicópteros, drones, tanques, equipamiento de asalto y de visión nocturna etc.

Hay que organizar el movimiento con una política de clase

Frente a las actuales revueltas urbanas, nosotros los socialistas defendemos de manera incondicional el derecho del pueblo negro a rebelarse, a auto-organizarse y a auto-defenderse de las agresiones continuas de la policía local y del estado federal que ha militarizado sus barrios. El debate central no puede ser si la lucha política debe o no plegarse al principio moral de la no-violencia, sino el de organizar ese movimiento a escala nacional para enfrentar al gobierno nacional, organizar un movimiento con independencia de clase y con un llamado de unidad a la clase trabajadora en su conjunto.
Por eso hacemos un llamado a todas las organizaciones de trabajadores, sindicatos y organizaciones barriales, y en particular a las direcciones de las federaciones AFL-CIO y la Change To Win Coalition a que sigan el ejemplo de los trabajadores portuarios de la costa oeste (ILWU) que organizaron un paro el Primero de Mayo en contra de la violencia policial y el racismo, y por el juicio y castigo de los policías responsables. Lo que necesitamos es un paro general para exigir el fin de la criminalización y militarización de los barrios negros y la recuperación de todos los derechos laborales y civiles.

¡Juicio y castigo a todos los policías culpables de asesinato!
¡Libertad inmediata de todos los jóvenes procesados por participar en las protestas!
¡Basta de militarización de la policía y de la política de encarcelación masiva!
¡Dinero para empleo estable y educación, no para prisiones y militarización!
¡Sigamos el ejemplo de ILWU, organicemos un paro nacional contra la violencia policial y la discriminación racial!

Notas:

1 http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/upshot/missing-black-men.html?abt=0002&abg=1
2 “For every 100 black women not in jail, there are only 83 black men. The remaining men – 1.5 million of them – are, in a sense, missing.”
3 http://www.nytimes.com/interactive/2015/04/20/upshot/missing-black-men.html?abt=0002&abg=1
4 Michelle Alexander, The New Jim Crow, The Age of Mass Incarceration in the Age of Coloblindness, (2010) p.6.
5 “Mass incarceration: The Whole Pie, A Prison Policy Initiative Briefing” Peter Wagner, Leah Sakala, Prison Policy Initiative 12 marzo 2014.
6 Siegel, Jonah A. (January 1, 2011). “Felon Disenfranchisement and the Fight for Universal Suffrage.”. Social Work 56 (1): 89–91.
7 Alexander, The New Jim Crow, p.7.
8 65 Million “Need Not Apply: The Case for Reforming Criminal Background Checks for Employment”, The National Employment Law Project, March 2011
9 Pilkington, Ed (July 13, 2012). “Felon voting laws to disenfranchise historic number of Americans in 2012”. The Guardian. Retrieved 2013-08-07.
10 Entre 2010 y 2014 ha dedicado entre $500 000 y $630 000 millones anuales a financiar guerras y operaciones militares, y sólo entre $45 000 y $48 000 para educación.
11 http://www.propublica.org/article/the-best-reporting-on-the-federal-push-to-militarize-local-police