Mientras compañeros como Daniel, están encarcelados o siendo perseguidos por enfrentarse al plan de ajuste de Macri, el Gobierno y la justicia que intentaron pasar el 2×1 a los genocidas, siguen haciendo de las suyas.

Recientemente se le otorgó la prisión domiciliaria a Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos, dos represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estos se suman a los ya 641 (aproximadamente el 57% de los condenados por delitos de lesa humanidad) que gozan de dicho beneficio. 36 genocidas se encuentran prófugos, y tanto las recompensas ofrecidas como en mayor medida los esfuerzos por encontrarlos son ridículos en comparación a los que se emplean en buscar a perseguidos por luchar como Sebastián Romero.

Esto no es ninguna coincidencia o «error». Las familias y empresas de varios funcionarios del Gobierno hicieron grandes negocios con la dictadura, que además los salvó de enfrentarse a la gran resistencia obrera que se venía gestando en aquellos años y que los militares vinieron a liquidar. Por eso, y también para dar un golpe a la memoria de nuestro pueblo, que impide que Macri pueda aplicar la represión para hacer pasar su ajuste, sin ser masivamente repudiado, es que hace esta distinción.

En los últimos días, decreto mediante, indemnizó y ascendió a militares retirados que fueron sancionados por conductas antidemocraticas, queriendo usar como tapadera que fueron castigados solamente por ser familiares de genocidas de la última dictadura.

Este discurso del «perdón» ya quisieron meterlo varias veces. Pero no pueden borrar nuestro pasado. Así como fue en repudio al 2×1, así como fue con el decreto que sacaba a los militares a la calle, tenemos que llenar las plazas en repudio a esta política y exigiendo la liberación de todos los presos por luchar, junto a la cárcel común para todos y cada uno de los genocidas que derramaron sangre del pueblo.