Apenas horas después de que se conoció que sería el nuevo Presidente, Macri anunció que una de sus primeras medidas de gobierno sería declarar la emergencia en seguridad, tal como lo hizo Scioli en el año 2014 en la provincia de Buenos Aires.
En sus palabras: “Vamos a declarar la emergencia en seguridad. Hay que poner en marcha la profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país, es una tarea pendiente, lo que logramos con la Policía Metropolitana en la ciudad, hay que lograrlo con cada policía provincial”, el objetivo de esa profesionalización seria la recuperación del “control territorial como prioridad absoluta”.
Previendo un incremento de la resistencia a los ajustes, desde hace un tiempo se viene avanzando en las políticas represivas. Ahora Macri, con la excusa del combate contra la inseguridad y el narcotráfico, quiere reforzar esta política que ya vino llevando adelante el gobierno de Cristina: militarizar los barrios obreros y populares para disciplinar las luchas, aplacar las huelgas, puebladas y movilizaciones que pudieran surgir, e incrementar la persecución a los luchadores. Por ejemplo, eso es lo que hizo la “nueva” gendarmería de Cristina en los yacimientos petroleros de Santa Cruz, reprimir a los obreros para garantizar el saqueo y las ganancias de las petroleras, mientras se descuidan las fronteras y se “libera” el negocio para los narcotraficantes.
Y esa es la “recuperación del control territorial” que nos propone ahora el macrismo, la que perdieron luego de las movilizaciones revolucionarias del 2001. Y para ello, seguirán reorganizando las fuerzas de seguridad para intentar reconciliarlas con la población.
El modelo de la Metropolitana: más represión, más gatillo fácil
La “nueva policía” que quiere generalizar Macri, poco tiene de nueva: el 70% de los agentes de la Federal, el 20% de la bonaerense y la lista se completa con ex gendarmes, marinos y miembros del Ejército. Es así que, en los seis años que lleva la Policía Metropolitana actuando en la Ciudad de Buenos Aires, ni la inseguridad ni el narcotráfico disminuyeron, mientras que la violencia policial descargada sobre los barrios pobres se acrecentó. Desde el 2010 se registraron 28 muertes en manos de agentes de la Metropolitana en todas sus variantes, 6 de las cuales fueron ejecuciones ya que no hubo ningún tipo de enfrentamiento.
Estos números están en perfecta sintonía con los del resto de las policías del país: entre el 2003 y 2015, en el supuesto “gobierno de los derechos humanos” fueron 3070 los asesinados por gatillo fácil y torturas en los lugares de detención y 21 los asesinados en movilizaciones populares.
¿Cómo combatir a la inseguridad y a los narcos?
No se puede hablar verdaderamente de terminar con la inseguridad sin proponer soluciones a las condiciones de pobreza a la que están sometidas millones de personas, sin garantizar el acceso a trabajo genuino con salarios que alcancen para vivir, sin garantizar el acceso a la vivienda, la salud y la educación.
En el mismo sentido, todos sabemos que, al igual que con la prostitución y la trata, no hay negocio para los narcos sin complicidad de las policías, la justicia y de los gobiernos. Si quienes vivimos en los barrios sabemos dónde y quienes venden ¿cómo puede ser que ellos no?
Desde el PSTU sostenemos que antes que “profesionalizar” a las fuerzas de seguridad, debemos luchar contra la impunidad que todavía reina en dichas fuerzas. Hay que terminar con el gatillo fácil y la represión, pelear para que le den perpetua a todos los que la cometieron. No se puede poner “más lobos a cuidar a las ovejas”. Por el contrario, debemos luchar por la derogación de la ley antiterrorista que persigue a los luchadores y es impulsada por el imperialismo en toda la región justamente con la excusa de luchar contra el terrorismo y el narcotráfico.
En cada barriada obrera deben ser los propios vecinos quienes se organicen para garantizar la seguridad, y que en todos los sindicatos se instruyan a los trabajadores para realizar dicha tarea. Y si realmente queremos combatir el a los narcos y no a los que consumen, proponemos la legalización de todas las drogas para que su producción y comercialización sea controlada por el Estado, y así acabar con los negociados de los narcos y sus cómplices gubernamentales. Esto a su vez debe ir de la mano con campañas estatales de rehabilitación e información sobre drogas para toda la población.