El gobierno de Alberto Fernandez desde su asunción está llevando adelante diferentes medidas que están todas relacionadas con la negociación de la deuda externa.
Para poder afrontar las exigencias del FMI y los acreedores Fernandez tiene que resolver algunas cuestiones que son reducir el déficit fiscal por un lado y realizar un ajuste generalizado por el otro. De ahí que se desprende el rumbo que viene tomando el gobierno en estos meses.
En primer lugar se lanzó la ley de solidaridad y fueron los jubilados quienes sufrieron un ajuste en el régimen de movilidad prevista para el año 2020. En segundo lugar fueron ajustados los docentes bonaerenses, quienes vieron afectado el reajuste salarial previsto para diciembre por parte del gobernador Axel Kicillof, quien utilizó esos fondos para pagar a acreedores internacionales los vencimientos de deuda.
Como novedad esta semana se publicó en el boletín oficial un cambio en el régimen impositivo para las exportaciones de granos. La intención del gobierno es aumentar en un 3% el arancel para la exportación de soja y derivados y bajar algunos puntos porcentuales en la retención de otros 25 cultivos. Quienes exportan este tipo de cultivo son probablemente el sector más poderoso del país. Tan solo en enero de 2020 exportaron por casi $900 millones de u$s (Fuente Indec). Con la publicación de esta modificación en el boletín oficial, la reacción de las patronales agrarias no se hizo esperar y la “Mesa de enlace” (Entidad que surgió en el conflicto de 2008 y nuclea a las 4 cámaras agropecuarias) lanzó un lockout para el 9 de marzo.
Que la crisis la paguen ellos
Cómo era de esperar la burguesía agraria mostro los dientes en defensa de sus ganancias.
Este aumento impositivo es completamente insuficiente. El gobierno que le pide solidaridad a los jubilados y trabajadores solo les pone un impuesto mínimo a los multi millonarios del campo.
Así y todo no están dispuestos a ceder ni siquiera eso.
A doce años del conflicto entre «el campo» y el gobierno vuelve a ponerse en el centro de la escena el debate sobre a dónde debe ir la renta agraria. En ese momento también el gobierno requería de esos dólares para pagar la deuda y luego de una disputa de tres meses las patronales del campo impusieron sus condiciones. Nosotros decímos que las retenciones son una medida progresiva, siempre y cuando esa renta valla para saldar las necesidades sociales y no para financiar a los acreedores internacionales. Por eso es que tenemos una orientación diferente y le exigimos al gobierno de Fernández que el 3% es insuficiente, que el impuesto tiene que ser mucho mayor y que se suspenda el pago de la deuda externa por dos años. Que cumpla con su promesa de campaña de primero crecemos y después pagamos. Desde el PSTU creemos que no hay que pagar la deuda. Pero estamos dispuestos a movilizarnos con todo aquel que se incline por al menos suspender los pagos y aumentar los impuestos a las grandes fortunas.
La CGT y la CTA deberían ponerse a la cabeza de un planteo de este tipo, mismo los movimientos sociales. Por eso les exigimos que convoquen a luchar contra el lockout y el pago de la deuda. De esta manera creemos que se puede aplicar un programa de emergencia para que la crisis no sea pagada por los trabajadores.
Exigimos:
– Aumento de las retenciones y de los impuestos progresivos a los grandes productores y grandes empresas.
– Reforma agraria con devolución de territorios a las comunidades originarias, en camino a la nacionalización de la tierra.
– Por los plenos derechos laborales para los peones rurales.
-Que se aplique la ley de abastecimiento a quienes retienen la comida del pueblo.
-Suspensión del pago de la deuda. Plata para trabajo, educación, salud y combate a la violencia machista.
-Nacionalización de la banca y el comercio exterior para frenar la especulación y el chantaje de la oligarquía.
Pstu 6/3/20