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RICARDO BUSSI:TUCUMÁN,UNA VEZ MAS

Hace un mes salió a la luz una denuncia a Ricardo Bussi por abuso sexual y la justicia sigue sin dar respuestas ante este hecho.

Una vez más, Tucumán con un caso que atañe al poder político, poder político que se traduce en impunidad y peligro para sus víctimas. Hace semanas “Lupe”, nombre elegido para proteger la identidad de la denunciante, acusa a Bussi por abuso sexual y por usurpación de identidad.

El 14 de julio se llevó a cabo una concentración en los tribunales penales exigiendo que se avance con la investigación del caso y hacer visible esta situación. Lupe, de 26 años, fue amenazada y hostigada en su propio hogar y espacios públicos. Hoy se encuentra escondida junto a su familia, al resguardo. Ya que la justicia tucumana no le proporciono ningún tipo de protección. Ni el gobierno tucumano ni la legislatura se han pronunciado al respecto, no nos sorprende. Claramente, hay un respaldo político a Ricardo Bussi, hijo del genocida y misógino de Domingo Bussi, perteneciente al partido Fuerza Republicana. Además, acumula tres denuncias en su contra en el INADI por referirse de manera discriminatoria al colectivo trans/travesti.

Tucumán tiene larga data sobre situaciones similares que ponen en la mira a la estructura del poder político. Recordemos, por ejemplo, la denuncia a José Alperovich, exgobernador y actual senador por el Frente de Todos, también, por abuso sexual. O José Orellana, intendente de Famailla, entre otros. Dicha provincia se posicionó en contra del derecho a un aborto, legal, seguro y gratuito, y es una de las últimas en acceder a la Ley Micaela.

¡Hay que terminar con la violencia machista en la política!

Cuando nos enteramos de casos así en estos ámbitos nos preguntamos por qué pasa, por qué no se toman medidas al respecto, poniendo en debate la función de la justicia argentina, en este caso provincial, causas que se archivan, dejando totalmente impunes a sus responsables y que estos permanecen como si nada pasara en los espacios políticos patronales.

Ni ellos mismos pueden cumplir con los artículos de la Constitución Nacional, por ejemplo, Bussi podría ser apartado de su cargo por “inhabilidad moral”. Pero claro, son muy distintos los tratamientos que tiene esta justicia con los funcionarios públicos más relevantes y con las mujeres y disidencias de la clase trabajadora. Dicha justicia está al servicio de dichos funcionarios y por supuesto, de las patronales, privilegios para los de arriba, palo y silencio para los de abajo. Tenemos miles de ejemplo, como la prisión injusta de Higui por defenderse de sus atacantes; la causa armada a Luz Aimé Diaz, joven trans acusada de homicidio y con vistas a condena perpetua; nuestro compañero Sebastián Romero preso por participar de las jornadas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional, entre tantos otros.

Sabemos que todas las instituciones de este sistema están podridas, el sistema capitalista es podrido y decadente. Por eso, hay que luchar por acabar con esos privilegios y silencios perpetuados en el poder. La organización y movilización es fundamental para hacerle frente a esta violencia machista y estatal, y que causas como estas no sean archivadas. Debemos ganar cada espacio y llevar esta pelea y que sea tomada por el conjunto de les trabajadores, exigiendo que los denunciados sean apartados de sus cargos sin goce de sueldo ni licencias, creación y efectivización de los protocolos ante la violencia de género, así como también ejercer el derecho a la autodefensa.

17 de Julio de 2020.