Al cierre de esta edición se conocía la sentencia de la causa Vialidad: Cristina Kirchner fue condenada a 6 meses de prisión e inhabilitación para ejercer la función pública de por vida, Lazaro Baez 6 años de prisión, José López igual.
El fallo era el que se preveía, con absolución respecto de la figura de asociación ilícita incluida, ya que era incomprobable. Ahora el tema vuelve a estar en el centro de la escena con unos festejando a La Justicia y otros planteando la defensa de Cristina como la causa popular por excelencia. Lo cierto es que mientras esto sucede hay nuevos detenidos en el marco de la jornada de lucha piquetera y ambos lados de la grieta hacen caso omiso.
Como ya dijimos en otras ocasiones al respecto de este tema, desde el PSTU la parcialidad de esta Justicia no es novedad, sino una constante, pero el intento del kirchnerismo de hacer pasar estas causas como persecuciones políticas es una falsedad nada inocente.
Como decíamos cuando se conoció el alegato: “Es cierto que la investigación de la Justicia es parcial ya que está focalizada sólo en la obra pública en Santa Cruz. Si se hubiera investigado el conjunto de las contrataciones del país habrían tenido que incluir como imputados a la familia Macri (incluido el primo Calcaterra), y también a Nicolás “Niki” Caputo (amigo del alma de Mauricio), así como muchos otros empresarios. (…) También hay evidencias de la vinculación del fiscal Luciani y miembros del Tribunal con Macri”. Ahora a eso se suma el último escándalo destapado.
“Pero lo que Cristina misma reconoció es que hubo corrupción bajo su gobierno y el de Néstor Kirchner, aunque intenta adjudicársela a sus funcionarios, a los que el kirchnerismo mantuvo a lo largo de sus 12 años. Nada explica del acelerado y astronómico crecimiento de la fortuna de Lázaro Báez con la obra pública, amigo personal de la familia, y sus negocios comunes que también hicieron aumentar la fortuna de los Kirchner. A esto podríamos agregar la corrupción con los subsidios del transporte que ocasionó la masacre de Once, y un largo etcétera.
Es falso entonces el argumento del kirchnerismo y sus medios afines, avalado por el PJ y la totalidad del Gobierno del Frente de Todos (FdT), de que se trata de causas inventadas para perseguir políticamente y proscribir a Cristina. En todo caso no deberían ser acusadas/os sólo Cristina y sus funcionarios sino también los empresarios. (…)
Otra cuestión es la utilización cínica de las causas judiciales que hace la oposición patronal y que agitan sus medios amigos para desgastar a Cristina y al Gobierno en vista de las elecciones del 2023. Justamente ellos que bajo el Gobierno de Macri fueron tanto o más corruptos que el kirchnerismo. Basta mencionar la causa del Correo Argentino, las “autopistas del curro”, la del soterramiento del Sarmiento de la mano de la brasileña Odebrecht, el crédito trucho del Banco Nación a Vicentín o la más escandalosa, los 50 mil millones de dólares pedidos al FMI para financiar la fuga de capitales de sus amigos.”
La corrupción es inherente al sistema capitalista. Hoy los sectores patronales dirimen sus intereses en la Justicia, acusándose de corruptos los unos a otros cuando en verdad todos los son. Ahora el carácter nefasto de esta justicia no aparece principalmente cuando es usada a uno u otro lado de la grieta, sino en cómo es usada todos los días en función de la verdadera grieta que existe en la sociedad: entre los trabajadores y el pueblo pobre y los empresarios y sus gobiernos. Es asi que esta Justicia es un arma fundamental de persecución a los luchadores obreros y populares.
En esta democracia para ricos no existe la posibilidad de que haya una justicia independiente, porque es una justica de clase. Por eso es una justicia incapaz de juzgar verdaderamente la corrupción.
Los únicos que podríamos juzgar verdaderamente a todos los corruptos somos los trabajadores y el pueblo trabajador. Para que se sepa toda la verdad no se puede confiar en la investigación de estos jueces y fiscales, que van contra el enemigo de turno y cubren a sus amigos. Es necesaria una Comisión Investigadora independiente, de organizaciones obreras y populares. Que los jueces sean electos por voto popular, que sean revocables en cualquier momento, y ganen lo mismo que un obrero calificado. Basta de esa casta privilegiada con sueldos fabulosos y que no paga Impuesto a las Ganancias. Basta de fallos decididos por un puñado de jueces amigos de empresarios y políticos patronales: juicios por jurados obreros y populares. Solo otro tipo de Estado, con un gobierno obrero y popular, podría garantizar una verdadera Justicia para el pueblo trabajador, tribunales obreros y populares que juzguen a todos los que nos vienen saqueando por décadas.