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SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO

SONRÍA, LO ESTAMOS FILMANDO
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“José Luis Vila ladrón”, Con esa leyenda apareció en su casa una caja con medio kilo de explosivo Trotyl. Vila era funcionario del Ministerio de Defensa del Gobierno de Macri, y de larga data en el radicalismo y los servicios de inteligencia, incluso fue parte del grupo de la Ex SIDE (Servicios de Inteligencia del Estado) que capturó al dirigente del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Enrique Gorriarán Merlo[i]. La investigación por el suceso llevo a dar con un narcotraficante de Florencio Varela que declaró que hacía trabajos sucios para la AFI[ii] y que el atentado contra Vila había sido perpetrado junto a dos agentes y con la orden del entonces jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

La intención de Arribas era amedrentarlo porque veía en él una amenaza para su puesto de jefe de los espías. Quien aportó esta información fue el periodista de La Nación Carlos Pagni, y no fue desde las páginas del matutino, sino en despacho judicial en la causa radicada por el espionaje ilegal en los Tribunales Federales de Lomas de Zamora. En su declaración Pagni menciona una reunión entre él, Arribas y Julio Saguier, presidente del diario. En esa reunión Arribas dijo que Vila lo quería desplazar del cargo, un comentario fuera de tema según consta en la declaración.

Uno de los agentes involucrados en el atentado era Alan Ruiz, Jefe de Operaciones de la AFI, quien hoy está detenido por espionaje ilegal nada menos que a la ex Presidenta Cristina Kirchner. ¿Qué paso desde la colocación de la bomba casera en el edificio de Av. Callao hasta hoy? Resulta que la investigación del caso destapó una olla de espionaje ilegal que se llevó adelante durante los últimos años.

El proyecto AMBA

Organizaciones sociales, políticas y sindicales, dirigentes políticos oficialistas y opositores, curas, periodistas, estudiantes secundarios y hasta familiares de Macri, fueron espiados por la AFI. La causa incluso detalla un importante sistema de escuchas dentro de la cárcel de Ezeiza para seguir de cerca las conversaciones entre presos políticos y funcionarios detenidos por corrupción con sus abogados defensores.

Los espías se coordinaban a través de un grupo de Whatsapp llamado “Super Mario Bross” y estaban en coordinación directa con la Casa Rosada a través de la secretaria del Ex Presidente, Susana Martinengo.

Recientemente se conoció que parte de este sistema de vigilancia fue el Proyecto AMBA, un entramado de investigación e infiltración en Provincia de Buenos Aires, dirigido particularmente contra organizaciones populares y de izquierda, que además incluía organigramas con cuadros y tareas de las organizaciones controladas.

En los últimos días salió a la luz información de la causa que estaba protegida por la Ley de Inteligencia, y que incluye el libro de actas de la Agencia por al menos 3 años atrás y que involucra nombres de agentes, pagos, jubilaciones y reinstalaciones. Al parecer la guerra entre los servicios recién comienza y de esta manera un sector quiere envestir contra la interventora del organismo, la ex Fiscal de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, Cristina Caamaño.

Junto al sistema de espionaje ilegal, la interventora, Cristina Caamaño, también denunció sobresueldos, gastos fraudulentos y sobreprecios.

Podredumbre de larga data

La apasionante novela de espías descripta anteriormente supera cualquier tipo de ficción. A simple vista pareciera que el gobierno de Macri implementó una cloaca de hampones, corruptos y espías que se relacionaban con narcotraficantes para amedrentar a otros iguales que ellos y espiar a organizaciones sociales. Esto es cierto hasta cierto punto. Lo que hizo el macrismo fue aprovechar un aparato pre existente para servirse de él, ampliarlo y usarlo en función de sus propios objetivos políticos.

El aparato de inteligencia sigue intacto desde la época de la Dictadura. La secretaría que se encargó de investigar y torturar desde el centro clandestino de detención Automotores Orletti a diferentes militantes hasta 1983 fue cambiando de titulares, pero no de mañas. Durante el gobierno de Alfonsín fueron denunciados de realizar secuestros extorsivos, así como también de espiar al propio Presidente a través de uno de sus custodios. En el menemismo agentes de la SIDE fueron parte de la conexión local y el encubrimiento del atentado a la AMIA y también estuvieron involucrados en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. El titular de la SIDE en la gestión del peronista Eduardo Duhalde fue eyectado luego del asesinato de Kosteki y Santillán por parte de la Bonaerense. Con el kirchnerismo fue la época del “carpetazo”[iii] y agentes de la central también fueron involucrados en la muerte de Nisman.

Asimismo, cada fuerza de seguridad tiene su propio aparato de inteligencia. En años del kirchnerismo un sistema similar al de la AFI macrista fue utilizado para espiar a las organizaciones de izquierda y delegados sindicales combativos. Fue el Proyecto X llevado adelante por la Gendarmería y la Ministra de Seguridad, Nilda Garré.

Como se ve, todos los gobiernos se sirvieron de este aparato para amedrentar a organizaciones populares, hacer negociados y perseguir opositores. Espionaje, violencia, infiltración, todo esto utilizan y utilizaron los diferentes gobiernos por más democráticos que se han presentado en sus discursos.

El desmantelamiento de los servicios de inteligencia, la apertura de todos los libros y desclasificación de archivos desde la Dictadura hasta hoy es una tarea de primer orden y que debe ser levantada por todas las fuerzas políticas democráticas y populares.

[i] Movimiento Todos por la Patria fue una organización que, en 1989, bajo el gobierno de Alfonsín, llevo adelante el copamiento del cuartel militar de La Tablada siendo duramente reprimido con el saldo de 32 guerrilleros muertos. Gorriaran Merlo, ex dirigente del PRT- ERP, era su principal referente.

[ii] Agencia Federal de Inteligencia es el nombre que tomó la institución luego de la disolución de la SIDE en el marco de la muerte del fiscal Nisman.

[iii] Se refiere a la acción de usar información obtenida del espionaje ilegal para ensuciar opositores políticos.

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