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VERANO CON COVID… ¿Y CON VACUNA?

VERANO CON COVID… ¿Y CON VACUNA?

Nuestro país ya superó las 30 mil muertes por COVID-19. Los casos diarios rondan los 10 mil. Y esto teniendo en cuenta, como venimos denunciando desde Avanzada Socialista, que el número de testeos es bajo y la tasa de positividad es muy alta (más del 50%).

En estas circunstancias, ya se está planteando como va a ser la temporada de verano.  

Podrán venir turistas extranjeros de países limítrofes presentando un test PCR negativo.

Kiciloff ya anunció el protocolo para la Costa Atlántica: se solicitará declaración jurada para ingresar, se anularán los espacios comunes en hoteles, los campings estarán cerrados y se recurrirá al distanciamiento social en los balnearios. Hasta los mismos intendentes de la zona se muestran preocupados en cómo controlar las aglomeraciones en las peatonales, bares, restaurantes.

En cuanto al Sistema de Salud, si bien anunciaron la construcción de un hospital cercano a San Bernardo, el protocolo estipula que los casos positivos deberán regresar a su zona de origen. Esto ya sea se encuentren en buen estado y puedan volver por sus medios, o empeoren y deban ser trasladados.

Otros destinos turísticos importantes del país como Córdoba o Bariloche se encuentran en una situación más complicada. Pero evalúan abrir el turismo y aplicar protocolos similares.

La prioridad del Gobierno es reactivar el negocio del turismo, sin importar las consecuencias que esto traiga en un Sistema de Salud ya colapsado. Ni siquiera se plantea el realizar testeos masivos en los destinos turísticos para mantener la situación un poco más controlada.

¿Y la vacuna?

La única heroína en todo este lío viene a ser la vacuna, o las diferentes vacunas que están en desarrollo.

La Argentina particularmente está en tratativas con cuatro laboratorios que se encuentran investigando y desarrollando la vacuna contra el COVID-19. Esta semana trascendió el acuerdo con Rusia para la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, que llegarían entre diciembre y enero.

En situación similar se encuentra la vacuna que desarrolla el laboratorio AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford, aunque recién podrá distribuirse a partir de marzo.

Estas vacunas se encuentran aún en fase 3 de desarrollo. Esto significa que no han finalizado las pruebas para garantizar que sean seguras. Y si bien las investigaciones parecen dar buenos resultados, las cláusulas de confidencialidad, y el hecho de que las investigaciones sean propiedad de laboratorios privados evitan que tengamos buena parte de la información.

El Congreso aprobó una Ley que declara a la vacuna (o las vacunas) contra el coronavirus como “de interés público”. Esta Ley autoriza al Gobierno a aceptar las condiciones que impongan las industrias farmacéuticas para garantizar el acceso a la vacuna. Entre esas condiciones por supuesto, se encuentran la eximición de impuestos y derechos de importación, acuerdos de confidencialidad, cobertura de los costos. Y un punto que es el colmo: en caso de conflictos, el laboratorio dueño de la vacuna decidirá en los tribunales de que país se resolverá la trifulca.

Una vez más, las empresas privadas, en este caso los laboratorios, marcan la cancha.  En lugar de declararse  “de interés público”, debería ser “de interés comercial”, porque lo único que quieren estas empresas es lucrar con la salud de los trabajadores y el pueblo.

La cura contra el virus que azotó al mundo entero directa e indirectamente (a través de la crisis que generó),  no será patrimonio de la humanidad. Será una mercancía más a medida del gobierno que la pague.

En defensa de la salud y la vida de los trabajadores

El Gobierno ya da como un hecho la vacuna y por eso se dispone a reactivar  lo que aún no ha puesto en marcha: las clases, el turismo, etc.

Mientras el pueblo trabajador sufre por el virus y también por el hambre, Alberto, Kiciloff y compañía se dedican a planificar las vacaciones con un protocolo más que testimonial.

Aún si accedemos a la vacuna, su eficacia no está del todo garantizada. Por eso hoy más que nunca, necesitamos que, como mínimo, se realicen test masivos para conocer el alcance real del virus.

El Gobierno, en lugar de desesperarse por mover la economía, sin importar la pandemia, arriesgando a la enfermedad a millones de trabajadores, cuentapropistas y pequeños comerciantes, tendría que pensar, por ejemplo,  en cortar la salida de los millones que van a los intereses de la deuda.  Y, con esa plata, disponer un urgente y sustancial aumento del presupuesto de salud junto con más y mejores subsidios,  a los sectores populares, que permitan hacer “el aguante” hasta que exista una vacuna probada.

Necesitamos derogar la Ley sobre la Vacuna del COVID-19, así como La ley de Patentes y toda otra normativa que mantenga las investigaciones en manos privadas.

 La investigación de la vacuna del COVID-19 se debe hacer con todos los medios al alcance. Sin importar el lucro, poniendo a los mejores científicos del mundo a investigar la mejor manera de contrarrestar este virus. Y no como se está haciendo, en competencia de especialistas para ver qué laboratorio es el que primero amasa fortunas.

Esas son algunas de las razones, de vida o muerte, por las que debemos tener como meta un sistema único y estatal de salud, expropiando a clínicas y laboratorios privados.

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